Un general y un coronel, involucrados en abusos sexuales y el asesinato de una familia

Castigar a militares violadores de derechos, exige CNDH a Calderón

Debe asumir su responsabilidad: el ombudsman; propone retiro gradual del Ejército de lucha antinarco

Víctor Ballinas

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, urgió ayer al presidente Felipe Calderón a que se pronuncie y tome las medidas correspondientes ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas por más de 78 militares contra civiles, que van desde ultrajes a 16 mujeres, tortura y detenciones arbitrarias hasta asesinatos.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo esperar “que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ordene el castigo para los militares involucrados”. Reveló que “en el caso de las 14 mujeres violadas en Castaños, Coahuila, participó un general, y en el asesinato de una familia en Sinaloa está involucrado un coronel”.

Advirtió que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede resultar contraproducente, “como demuestran los hechos violatorios de las garantías corroborados por la CNDH”. Asimismo, dijo que “es hora de que el gobierno genere un plan para regresar a los militares a los cuarteles y se deje de exponerlos en misiones para las que no están preparados y que no son de su competencia estricta. Será por el bien de los derechos humanos y del Ejército”.

Insistió en la necesidad de que el Ejecutivo establezca fechas para el retiro gradual del Ejército de las labores policiaca. “Sería irresponsable, como ombudsman nacional, si pidiera que en este preciso momento se retirara a los militares de las labores que no son de su competencia, no sólo porque en varias regiones del país se generaría una ausencia de Estado, que únicamente puede convenir al narcotráfico y a otros grupos que actúan con violencia, sino también porque muchos mexicanos perderían la única protección que tienen contra la delincuencia organizada.

“Paralelamente al retiro gradual del Ejército es imperativo que las policías municipales, estatales y federales asuman cabalmente la responsabilidad que por ley les corresponde”, insistió, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la presencia de militares en labores policiacas debe ser excepcional, únicamente de apoyo y sin usurpar jamás las esferas de competencia de la autoridad civil, guardando el más escrupuloso respeto a las garantías individuales.

En conferencia de prensa, Soberanes Fernández se pronunció, “a título personal y como abogado”, por la revisión del fuero militar. “Creo que la existencia de ese fuero debe ser algo excepcional; tiene que aplicarse a los militares por el ejercicio de sus cargos y por actos contra la disciplina militar; en todos los demás casos debe ser la justicia civil la que investigue los delitos, ya sean del fuero común o federales”.

Subrayó: “pienso que debe abrirse un debate en los foros jurídicos y académicos, y con la sociedad para que opinen al respecto”, pero, “como ombudsman, creo que se debe respetar la ley, y la Constitución establece el fuero militar en su artículo 13”.

El titular de la CNDH presentó ayer a la opinión pública las recomendaciones 37, 38, 39 y 40 que este año dirigió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, por violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares contra civiles en Coahuila, Sinaloa y Michoacán.

Expuso los casos de Castaños, Coahuila, donde el 11 de julio de 2006 militares violaron a 14 mujeres de los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret en represalia por que detuvieron a un militar en una de las cárceles privadas con que contaban esos centros, y en cuyo actos de ultraje participó un general, por lo que emitió la recomendación 37/2007.

Detalló que la recomendación 38/2007 se refiere a los hechos ocurridos el 2, 3 y 4 de mayo de este año en Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, donde después de que militares fueron emboscados por presuntos grupos armados, se desplazaron al lugar cientos de elementos castrenses, quienes cometieron detenciones arbitrarias, torturas, cateos, robos a domicilios y violaciones sexuales contra cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad.

La recomendación 39 –dijo– se refiere a los hechos ocurridos el 7 de mayo de este año en Apatzingán, Michoacán, donde cuatro presuntos narcotraficantes perdieron la vida al enfrentarse con miembros del Ejército, quienes posteriormente detuvieron a ocho personas a las que mantuvieron incomunicadas y retenidas de manera ilegal en instalaciones militares, donde las torturaron, además de que durante los cateos cometieron robos.

En el caso de la recomendación 40/2007, se refiere a los hechos ocurridos en el municipio Sinaloa de Leyva, en Sinaloa, donde soldados que estaban acampando a la orilla de la carretera dispararon contra una camioneta en la que viajaban ocho personas. Los soldados habían consumido mariguana y uno, además, cocaína. En el tiroteo murieron dos personas –una mujer y su hija–, y posteriormente perecieron tres más a causa de las heridas recibidas, porque “los militares impidieron que se les diera atención médica”.

Asimismo, Soberanes destacó que la CNDH investiga 202 expedientes de queja presentados por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena.

Advirtió que un Ejército débil y vacilante sólo conviene al narcotráfico y a quienes buscan imponer cambios políticos por medio de la violencia. Y advirtió: “la CNDH sostiene que conocer y castigar con el rigor que marca la ley a los individuos que agraviaron los derechos humanos fortalecerá a la milicia en su conjunto y elevará su autoridad moral”. Con ello “se enviará a la sociedad el mensaje de que la institución de las fuerzas armadas no tolera que sus integrantes violen las garantías fundamentales de la población”.

México necesita un Estado capaz de imponer el imperio de la ley, un Estado capaz de interponerse como un escudo entre los criminales y los ciudadanos. “Ninguna ganancia social puede haber si se busca hacer de la autoridad una figura vacilante y temerosa; seríamos los mexicanos quienes pagaríamos las consecuencias”.

“Las recomendaciones que hacemos públicas hoy no son un amago a nadie, sino un llamado firme y comprometido para la reflexión, para las decisiones responsables. Se requiere urgentemente una cruzada educativa y de capacitación en el Ejército”.