Las bases de la licitación, hasta por mil mdd, impiden la participación de mexicanos

Empresas extranjeras operarán la red de ductos de Pemex

La compañía ganadora subcontratará servicios desplazando al personal especializado de la paraestatal, y además se financiará mediante Pidiregas

Proyecto inconstitucional, alegan expertos

Israel Rodríguez

Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicará en este año a empresas privadas internacionales la operación, mantenimiento y administración de ductos de transporte de hidrocarburos a través de cuatro contratos, que inicialmente se realizarán mediante la entrega de la red estratégica ubicada entre Tabasco, Chiapas y Veracruz.

La licitación pública internacional lanzada en mayo pasado establece que el contrato general será hasta de 10 años con opción a renovación, y alcanzará un monto hasta de mil millones de dólares.

Las bases de la licitación número 18575111 de Pemex Exploración y Producción (PEP), el organismo subsidiario más importante de la petrolera, permiten que la compañía extranjera que resulte ganadora pueda subcontratar todos los servicios no centrales, desplazando al personal especializado de Pemex, además que se financiará mediante endeudamiento con particulares bajo la figura de los Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), ahora conocidos como obra pública financiada.

Oportunidad de negocio, pero no para mexicanos

Informes internos de Pemex señalan que la “dimensión de la oportunidad de negocio” equivale a una longitud de ductos de 5 mil 372 kilómetros, y a 3.8 millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalente. Es importante recordar que en el proyecto de presupuesto para 2008 desaparece la asignación presupuestal para el mantenimiento de ductos.

Los requerimientos en la capacidad técnica automáticamente anulan la participación de empresas mexicanas o la reducen a una simple asociación de membrete, porque se estipula que “el licitante y sus filiales deberán haber operado y administrado en forma ininterrumpida durante 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 sistemas de transporte de hidrocarburos que cuenten con las siguientes características: una longitud no menor a mil 700 kilómetros y volumen transportado no menor a 350 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos”, entre otros requisitos.

Camino a la privatización

Integrantes del Comité Nacional de la Energía (CNE), que aglutina a ingenieros petroleros, académicos, consultores y ex trabajadores del sector, aseguraron que este proyecto es inconstitucional e ilegal, y se encamina a la privatización de los ductos, que representan las venas de la paraestatal.

El modelo de contrato diseñado por una empresa operadora de ductos canadiense en asociación con una mexicana por cuenta de PEP, dividió en cuatro grupos de activos las redes de ductos de Pemex.

El primer contrato incluye la rehabilitación, administración y optimización de 94 ductos con una extensión de 892 kilómetros, que va de la terminal de Dos Bocas a Cayo Arcas. El segundo contrato es para el manejo de 204 ductos, con una extensión de 2 mil 384 kilómetros, que van de Atasta a Ciudad Pemex. El tercer contrato es para el mantenimiento y operación de 46 ductos con una longitud de 814 kilómetros, que están en la jurisdicción de Villahermosa. El cuarto y último contrato incluye la operación de 66 ductos con una longitud de mil 253 kilómetros, y va desde la Terminal de Dos Bocas, pasando Coatzacoalcos, Agua Dulce, Minatitlán, Palomas y las instalaciones de Tuzandepetl, lugar donde se ubican las cavernas que guardan las reservas estratégicas de hidrocarburos de México.

Se prevé que el fallo después de la recepción y análisis de las propuestas técnicas y económicas se dé a conocer en el último trimestre de 2007.

Pese a que PEP ha validado estos contratos, al afirmar que se encuentran dentro del marco legal vigente, el CNE asegura que la licitación, y en su caso, el contrato, tienen visos de inconstitucionalidad, debido a que se infringen las disposiciones del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo y los artículos 3, fracción 1, 4 y 31 de su reglamento y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Pemex y sus organismos subsidiarios, mediante los que se asigna a PEP la facultad exclusiva para que directamente, sin la participación de terceros, realice el transporte y distribución de hidrocarburos y gas.

Lo anterior, dado que la licitación para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto de PEP, incluye servicios de asesoría técnica para la operación y mantenimiento; servicios de planeación y evaluación de los programas anuales de trabajo, y servicios de dirección y administración para la ejecución de los trabajos.

Además, para resolver cualquier duda del presente contrato se conformará un grupo directivo integrado por tres miembros de PEP y dos del contratista, los cuales deberán ocupar puestos ejecutivos de alto nivel (al menos uno de los representantes del contratista será el director general o funcionario equivalente de la compañía líder, o la persona que este designe), según se establece en la cláusula 18 del modelo de contrato de las bases de licitación.

Adicionalmente, el planteamiento incluido en las bases de licitación para realizar durante diez años algunos de los servicios de adquisiciones y obras públicas, bajo el esquema presupuestal Pidiregas, no corresponde con lo expresado por el director general de PEP, Carlos Morales Gil, en el foro realizado el 18 de junio de 2007 por la Comisión de Energía del Senado de la República sobre el tema de seguridad energética. En el encuentro aseveró: “A Pemex se le debe apoyar en su desarrollo con recursos propios y ya no más seguir haciéndolo con recursos crediticios o deudas como los Pidiregas”.

La resolución de posibles controversias sería responsabilidad de la Corte Internacional de París.

Estrategia jurídica

Ante la posibilidad de que estos contratos pudieran violentar la Constitución mexicana, al ceder actividades exclusivamente reservadas al Estado, los legisladores Graco Ramírez y José Antonio Almazán preparan ya una estrategia jurídica en la que participen la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso, entre otras instancias.

Este domingo Pemex anunció a través de un boletín oficial seis licitaciones públicas internacionales para la realización de diversas obras y la prestación de servicios en plataformas e instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche, en el Golfo de México, con un valor de mil 200 millones de pesos. Excluyó de esta información la licitación del mantenimiento de ductos, que sólo al inicio de las obras compromete recursos por 350 millones de dólares y alcanza hasta mil millones de dólares.