¿Reformas, para quién?
Más que en su reforma, en su descomposición, las instituciones nacionales dan muestra de un profundo egocentrismo. Confunden la necesidad de todos con la voluntad de ellos y la suplantación, el disfraz, los intereses usurpados se han convertido en parte esencial del discurso partidista y los monopolios de la comunicación, que en su infinito poder económico y tecnológico se convirtieron en el centro que dictó la ética, la política, la cultura, los miedos y la agenda nacional a México al final del siglo XX e inicios del XXI.
En el debate, consideraciones y dictámenes sobre la reforma electoral, tanto partidos políticos como el duopolio de la comunicación, se disputaron sus intereses.
La llegada a San Lázaro de los representantes de los medios podría tomarse como un asunto de civilidad y ojalá para debatir la Ley del ISSSTE o la reforma fiscal u otros cambios legislativos y reglamentarios los actores, sectores o protagonistas pudieran no sólo acudir, sino tener la misma cobertura en medios, como la tuvieron ellos ante sus preocupaciones y demandas.
Si en las consideraciones del dictamen se dice que el avance tecnológico superó y avasalló las formas de hacer política en la plaza pública, lo cual hemos visto en los últimos años, y recientemente en el manejo que se dio a la ceremonia del Grito en el Zócalo, ¿cómo no debatir leyes controvertidas como la del ISSSTE o la fiscal en horarios estelares, con la presencia y defensa de posturas en voz de los afectados directos?
Los propietarios de los medios, en una tramposa visión de sí mismos, se han erguido como defensores de la libertad de expresión, corporativizando mañosamente la demanda de los ciudadanos, pues a nadie escapa que el pueblo de México no sólo aspira a poder hablar y decir, opinar y expresarse, sino a demandar una televisión y radio con contenidos que sean superiores a la basura que producen Televisa y Tv Azteca en su programación, según la idea de que su misión es “entretener y divertir”.
Los medios plantearon, ante la crítica histórica de sectores de la comunicación, de la política, de los ciudadanos y de la intelectualidad, que se “autorregularían” y mantendrían una actitud objetiva con respecto a la información y los contenidos. Reclamaron su autonomía, aunque fuertemente financiada con recursos fiscales, vía las prerrogativas de los partidos, que desde 1997 a la fecha les han proporcionado el principal de sus ingresos, muy superior al mejor de sus patrocinadores privados por cualquier otro producto. No obstante, sus interlocutores, los partidos y el Congreso, expresaron este egocentrismo, al presentar como gran “reforma del estado” lo que son sus miedos e intereses.
En la reforma al artículo 41 se planteó con plena unanimidad que los partidos son los únicos que pueden acceder al poder público; por lo tanto, satanizaron como un asunto de costos y de injerencia privada las candidaturas ciudadanas, ya que ante su desprestigio generalizado les quitarían el monopolio del acceso al poder y las prerrogativas.
Ni por asomo plantearon la reforma exigida para protección del voto ciudadano, para los militantes saltimbanquis de partidos que son conocidos con unas siglas y que en unas cuantas semanas se convierten al bien y ya son candidatos de otros. Se vota por un candidato dulce, que luego sale salado, y la ciudadanía no puede reclamar a esos personajes que cambian de forma, pero siguen siendo los mismos.
En los considerandos y el dictamen final, la alianza PRI-PRD fue contra Elba Esther y el uso que ha hecho del sindicato de maestros, al que ha corporativizado a su partido para salvar al PAN, como sucedió en Baja California y Veracruz. No a las candidaturas ciudadanas, sí al reparto de prerrogativas. ¿Y cómo defenderse del clientelismo y corporativismo que hoy se defiende como parte de la lucha democrática y que permea todos los procesos electorales en el país a través de los gobiernos, mediante ayudas, subsidios y despensas?
En el dictamen final que se votó en ambas cámaras hay un punto que pudiera revelar que toda la posición de los medios y los partidos en el Congreso es hipócrita, pues en el Apartado B, en su último párrafo, al final de los tres incisos, dice: “Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este Apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera”.
¿Quién y cómo determinará que es insuficiente? ¿Cómo se repondrá esta insuficiencia? ¿El IFE contratará tiempos en los medios? ¿Por qué cantidad? Es claro que en la ley se dejó abierta la puerta a la discrecionalidad del IFE y para contratar tiempos de radio y televisión. Tanto los medios como los partidos presionarán seguramente para declarar esta “insuficiencia”. Con ello, la “reforma” sólo habrá quedado en una rebaja.