Autoridades deben considerar la opinión de afectados y no reprimirlos: Stavenhagen y Kothari

En el proyecto La Parota, anomalías e inconsistencias: relatores de la ONU

La afectación ambiental será más grave que los beneficios técnicos, afirma experto en energía

Gabriel León

Los relatores especiales de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, informaron que seguirán recogiendo denuncias de los pobladores inconformes con la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, e información de las organizaciones civiles para emitir una recomendación conjunta sobre el tema al gobierno de Felipe Calderón.

Al participar en un foro para exponer la problemática de la construcción y operación de la hidroeléctrica, consideraron que existen irregularidades e inconsistencias en el proceso de construcción de la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como haber ignorado la opinión de los pobladores afectados y poner en riesgo sus vidas y sus garantías fundamentales.

Miloon Kothari se dijo sorprendido de que a pesar de las denuncias y violaciones a las garantías de los pobladores eventtualmente afectados por la presa, las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la del estado de Guerrero no han participado en el tema.

Estos megaproyectos, señaló, pueden ser sustituidos por otros de pequeña escala, manejados directamente por las comunidades, que se beneficiarían por la mejora de sus condiciones económicas.

Destacó que la sociedad civil mexicana es muy fuerte, está organizada, tiene propuestas y el gobierno debería estar abierto a ella y no cerrarle espacios de diálogo ni mucho menos reprimirla. Con esta obra en Guerrero “vivimos un apartheid social, con modelos de desarrollo que profundizan los conflictos”.

Stavenhagen señaló que no basta con ver la construcción de La Parota como un proyecto técnico más cuyo única finalidad es generar energía eléctrica, pues ese es el objetivo legal de la CFE, toda vez que en su entorno se están descubriendo “otros objetivos tal vez no tan claramente establecidos y desde luego de implicaciones que afectan la vida y los derechos de la población en la región”.

Cuestionó los argumentos técnicos del gobierno federal para justificar la construcción y expuso que una obra de este tipo tiene una serie “de otras implicaciones” que afectan a la población local, a los intereses públicos y privados, así como al medio ambiente.

Sostuvo que la obra no sólo implica traslados y cambios de vida para la gente, también “tiene efectos para toda la sociedad, pues trascienden los núcleos de población directamente afectados y tiene influencia mucho más allá del periodo de construcción de la empresa misma, incluso años y décadas más adelante”.

En materia de derechos humanos, por la pertenencia de México a la ONU, está obligado a cumplir con la nueva manera de ver el crecimiento: el que tiene como punto central el desarrollo humano de la población.

No existe razón alguna para que un estado miembro “ignore los derechos de la población afectada en términos de megaproyectos. No haberlo hecho desde el principio ha conducido a los movimientos y los conflictos que se viven en torno al proyecto de La Parota”.

Desde la perspectiva técnica, agregó, la CFE ha informado que tiene varias posibilidades para generar energía eléctrica, por lo que “desde ese punto de vista La Parota no parece ni siquiera tan importante porque no es una gran necesidad para el país, en términos eléctricos. Máxime que hay ahora un excedente de capacidad instalada”.

Otro aspecto importante es el manejo del agua del río Papagayo, “que no tiene nada que ver con generación eléctrica, pero sí con modos de vida, medio ambiente y aprovechamiento racional del recurso vital”.

El obispo emérito Samuel Ruiz, en nombre del Servicio de Asesoría para la Paz, convocó al diálogo y a la reconciliación a las partes en conflicto y externó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que han padecido desde hace cuatro años los pobladores inconformes.

Mario Govea, coordinador de Electricidad del Instituto de Estudios de la Energía para América Latina y el Caribe –capítulo México–, expuso un análisis según el cual la hidroeléctrica no es necesaria para el área de control oriental; que el servicio confiable y económico de la presa es muy discutible debido a su ubicación y la afectación ecológica y ambiental es mucho más grave que los beneficios técnicos.

Patricia Ávila, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que detrás del proyecto está el impulso a un desarrollo residencial exclusivo del que se busca que una vez habilitados en la región no carezcan de dotación de agua, pues se pretende que incluya campos de golf y una marina, entre otros desarrollos inmobiliarios.