Una hacienda justa, eficiente y equitativa
Con el ánimo de orientar a la feligresía y contribuir al debate público desde una perspectiva ética, la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia católica (CEPS) dio a conocer el pasado lunes un documento sobre la reforma hacendaria.
A juzgar por los resultados de esta última, es probable que haya llegado tarde, a pesar del esfuerzo que desde ese día se hizo por hacerlo llegar a todos los actores políticos involucrados, y sobre todo es posible que no haya podido o querido ser considerado con el rigor que se merece por quienes toman las decisiones económicas en el país.
Algunos sectores esperaban que simplemente se abocara a demandar que no se castigara a las organizaciones e instituciones eclesiales y particulares que sin fines de lucro atienden necesidades apremiantes de la población, pero tiene la virtud de enmarcar esta responsabilidad estatal en una política fiscal integral, más justa, eficiente y equitativa. Marca, sin duda, una posición objetiva, crítica, ética, y desde luego actualizada desde el punto de vista económico y político.
Partiendo del hecho de que en México existe una grave e inequitativa distribución de la riqueza, la CEPS reconoce en su documento que el sistema tributario no ha cumplido con su función redistributiva, ni ha sido promotor del desarrollo nacional. Es más, es regresivo, porque la mayor parte de la recaudación se basa en los impuestos al consumo, e insuficientemente en el ingreso de todos los contribuyentes.
Señala, igualmente, que la elusión y evasión fiscal se debe entre otras cosas a que la política de gasto público aparece como injusta, poco transparente y muchas veces corrupta a los ojos de numerosos actores de la vida social y económica, y se pregunta si las iniciativas del gobierno responden más a ajustes para tratar de paliar el estancamiento económico que a la escandalosa desigualdad en la distribución de la riqueza.
Con agudeza el documento afirma que el sentido de pertenencia a una comunidad política, y las formas como son percibidas las instituciones que la gobiernan, están en la base de la posición que cada ciudadano asume frente a la contribución fiscal. Y por ello en nuestro caso demanda que las empresas, tanto nacionales como de alcance global, cumplan con su obligación social de contribuir debidamente con el pago completo de sus impuestos.
“Es injustificable la permanencia y profundización de la desigualdad en nuestra sociedad, que es considerada una de las más desiguales del mundo”, expresan los obispos de la CEPS, con sobrada razón. Ello conduce, añaden, “al deber de las personas con mayores ingresos y de las empresas con mayores recursos y ganancias a aumentar sus contribuciones fiscales, al menos en el promedio de lo que se contribuye en los países con mayor desarrollo humano y económico”.
Para ello, afirman también estos nueve obispos, ante el fenómeno de concentración económica que se observa a escala mundial, es indispensable que los estados-nación se fortalezcan como comunidades ético-políticas, en las que las personas se interrelacionen con base en los derechos y deberes establecidos en el propio marco jurídico; y que las instituciones sean capaces de garantizar a todas las personas y grupos el cumplimiento de sus derechos y deberes humanos inalienables y de validez universal. De otra manera se provoca una menor lealtad de los ciudadanos, se incrementa la irresponsabilidad social de los actores políticos y del gobierno, y se propicia indebidamente el oportunismo electoral, en la simple lógica de la conquista del poder.
Para la CEPS un sistema fiscal no es justo si no considera las necesidades de todos, sobre todo de quienes están en situación de desventaja. No es eficiente si no se ponen en correlación los impuestos pagados con el servicio recibido. Y no es equitativo si el contribuyente, persona física o moral, no es consciente, y nosotros añadiríamos que no percibe, que si paga más de cuanto recibe, otras personas o colectivos reciben en efecto un beneficio de aquello que se ha pagado. Por el contrario, afirma, “un fisco no equitativo e ineficiente tiende a ser considerado como fuente de injusticias, ya que es débil y condescendiente frente a los grupos sociales económica y políticamente más poderosos”, y en cambio “prepotente con los grupos sociales más débiles y menos protegidos”. Ello con frecuencia produce “una reducción progresiva de la moralidad pública y personal, ya que induce a seguir con facilidad y sin mayores reservas las prácticas de evasión y elusión fiscal”.
Para los obispos de la CEPS hay que revisar a fondo el paradigma de incorporación de México en la economía global adoptado en los últimos 20 años, pues genera pobreza, exclusión social y acumulación de capital en pocas manos. Por ello el reto último de la reforma hacendaria “está en sustentar un desarrollo social que cohesione el país, cierre las brechas de la desigualdad, integre a todos sus habitantes a la economía nacional y fomente en todos su sentido de pertenencia a la nación”. Para ello la autoridad fiscal debe comprometerse con estos objetivos, “considerando que la política económica no puede de ninguna manera estar desligada de la política social”.