Una reforma inesperada
Hace una semana pocos hubiéramos creído que en el seno del Congreso de la Unión los tres principales partidos políticos acordaran una reforma electoral que prohibiera la compra de publicidad en radio y televisión en época de elecciones. La impresión generalizada era que los intereses económicos de los grandes medios de comunicación, especialmente del duopolio televisivo, prevalecerían en todo momento sobre la voluntad de los legisladores. La decisión del Senado tiene un gran valor político y social, favorece un ambiente de distensión y reduce la gran distancia que existe entre la sociedad y los partidos; una reforma constitucional que debe ser difundida a escala nacional, superando posibles cercos informativos, a fin de que culmine la misma en las legislaturas de los estados.
La respuesta de los concesionarios en su célebre despliegue ante el Senado el pasado martes 11 de septiembre los exhibió ante la opinión pública. Estaban acostumbrados a mandar, condicionar, incluso a humillar a cualquier político; repentinamente, se encontraron con unos legisladores a quienes no podían darles instrucciones, una auténtica telenovela no planeada, por eso no tuvieron recato en confesar que sus verdaderas preocupaciones eran el rating y sus intereses financieros, más allá de que mezclaran su discurso con una supuesta defensa de la libertad de expresión, de la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE) o de la suerte de las familias de los trabajadores de los medios.
Perdido el hilo de las manos, los concesionarios se vieron sin coordinación y sólo se les ocurrió pedir tiempo para afinar la puntería y recuperar la red tradicional de influencia. Se sintieron momentáneamente tan desprotegidos como los obreros y campesinos que acuden cotidianamente al Senado a presentar quejas. En un segundo momento, optaron por escudarse en el manto ciudadano y criticar la reforma desde otros ángulos, esperando enredar la materia de discusión. El pronunciamiento público en la prensa nacional por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el pasado 12 de septiembre, exhibe la nueva estrategia, al ostentarse como voceros de la sociedad civil y formular reclamos de su agenda; confiaban en embaucar a otros sectores de la sociedad para impedir la votación que lesionaba sus intereses económicos. Los propietarios de los medios emitieron instrucciones para que los comunicadores criticaran la reforma, llegando al extremo de calificarla de fascista o chavista, clamando por la intervención presidencial o, incluso, demandando un referendo que irónicamente coordinaría el propio IFE . Era claro que al menos este round lo tenían perdido frente a un gran sector de la sociedad que festejaba ver a los todopoderosos contra la pared; por ello, es conveniente no bajar la guardia.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional la ley Televisa creó, sin duda, un precedente favorable para los acuerdos que hoy nos sorprenden; difícil sería desligar ambos hechos. El triángulo deberá culminar con una reforma integral a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, retomando como debió ocurrir desde un principio el largo y fructífero proceso de consulta que generó una amplia red de organizaciones, instituciones y especialistas para lograr que los medios de comunicación favorecieran a los intereses del país, incluyendo su desarrollo cultural y productivo.
Sin restar mérito alguno a la decisión del Senado, en cuanto a la prohibición de compra de publicidad, acceso de los partidos al tiempo del Estado en los medios, reducción del financiamiento y tiempo de campaña y suspensión de propaganda gubernamental, resulta evidente que es necesario transitar por una vía de mayor participación ciudadana en los procesos electorales a la que todavía se resisten los partidos. Quedan pendientes temas fundamentales como: mayor transparencia, candidaturas independientes, y efectiva rendición de cuentas de los partidos políticos, revisión de los mecanismos de designación de los consejeros del IFE y una sustancial reducción de recursos económicos para estas entidades tanto en tiempos electorales como regulares. Un referente importante son las propuestas del Comité Ciudadano para la Reforma Electoral, organismo de la sociedad civil integrado por especialistas independientes que han colaborado en este esfuerzo durante largo tiempo.
No resulta fácil que los partidos políticos, los cuales monopolizan la representación ciudadana en el Poder Legislativo, puedan tener acceso a nuevas etapas de reforma que les reduzcan su propio poder; sin embargo, se trata de una exigencia de la que depende la vigencia de la política como una vía para articular la gobernabilidad y la participación ciudadana.
En estos agitados días, la voz de los partidos pequeños no se ha hecho sentir, salvo para apoyar penosamente la posición de las corporaciones de medios, al votar contra la reforma. Es claro que faltan muchas cosas por arreglar, pero esta exigencia debe dar paso, por ahora, a que la gigantesca decisión tomada por los senadores adquiera firmeza jurídica constitucional, porque son muchos los millones de pesos y la influencia que el poder mediático ve perdidos y es obvio que intentará cualquier cosa para impedirlo.
La lista de inconformidades, agravios y reclamos sociales es tan amplia y profunda que cualquier avance puede parecernos insuficiente para responder a las exigencias de un cambio de rumbo; sin embargo, por ahora pareciera que la tarea estriba en insistir en que la reforma electoral culmine con nuevas etapas en el menor tiempo posible y la agenda de la reforma del Estado se convierta en una demanda que sea conocida, discutida y compartida no sólo en las cúpulas, sino también en la base social, aprovechando el vuelo.