Se agudizan acciones oficiales para desalojar a “no lacandones” de Montes Azules

Más inestabilidad en pueblos autónomos zapatistas debido a conflictos atomizados

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 14 de septiembre. La proliferación de conflictos “focalizados” y en apariencia aislados, pero de características idénticas, desestabiliza crecientemente la cotidianidad de los pueblos autónomos zapatistas en la selva Lacandona y otras regiones, especialmente en territorios correspondientes a las juntas de buen gobierno de Morelia y La Garrucha, donde se localiza el mayor número de tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tras su levantamiento en 1994. Además, las acciones gubernamentales para desalojar a las comunidades “no lacandonas” de Montes Azules se han agudizado.

Las bases de apoyo zapatistas de la comunidad Rafael Moreno, en el municipio autónomo Francisco Gómez, denuncian agresiones constantes y crecientes de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), grupo priísta cuya función política explícita es confrontar, agredir e intentar desalojar a las bases zapatistas, respaldado por las autoridades federales agrarias y en la impunidad que gozan sus acciones violentas.

También es el caso reciente de la comunidad Bolom Ajaw, en el municipio autónomo Olga Isabel, cuyas familias fueron agredidas por miembros de la Opddic en las inmediaciones de Agua Azul, y de inmediato el gobierno del estado emitió en Palenque una versión distorsionada de los hechos, amplificada por los medios locales e ilustrada con fotos de insurgentes zapatistas tomadas en 1994, como si fuesen de los hechos en Agua Azul, y así acusar a los zapatistas de ser los “violentos”.

La beligerancia de la Opddic se acrecienta a pesar de que su líder, Pedro Chulín Jiménez, se encuentra preso en El Amate (aunque no se han hecho públicos los cargos).

Un informe reciente sobre la situación de Rafael Moreno y otras comunidades zapatistas expresa: “Los agravios contra las bases de apoyo zapatistas se han convertido en parte de una cotidianidad. Robos de mazorcas, plátanos, calabazas, materiales de la escuela autónoma, herramientas de trabajo comunitario, se suceden regularmente”.

Miembros de la Opddic de la propia comunidad, y procedentes de otras, amenazan desde el 27 de julio con “traer 25 carros llenos de gente” para desalojarlos de sus casas y tierras. Esto, después de exigirles “legalizar” las tierras recuperadas. Mariano Jiménez Morales, miembro de Opddic, adivirtió que de lo contrario, sus derechos no serán tomados en cuenta y arguyó la existencia de “potenciales compradores”. Después amenazó llamar a la seguridad pública “para someterlos en la cárcel si las autoridades zapatistas reaccionaban”.

Las amenazas y agresiones se agudizaron en marzo de este año, cuando personas ajenas a la comunidad, pertenecientes a la Opddic, invadieron con ganado la milpa comunitaria zapatista y causaron daños. Los acompañaba el dirigente local de Opddic, Manuel Cortes Pérez. El 24 de marzo, el mismo Cortes Pérez encabezó a Rigoberto Sánchez Pérez, Antonio García y Vicente Hernández Ruiz para destruir la casa de un campesino zapatista, de nombre Jerónimo.

En mayo, los zapatistas arriendan uno pastizales a personas de un ranchito vecino, pertenecientes a la Aric Independiente. Los líderes de la Opddic obligaron a los arrendadores ariqueros a romper el trato con los autónomos de Rafael Moreno, y los amenazó con represalias si volvían a hacerlo.

A fines de mayo se incendia la casa de Mariano Jiménez Morales, y su familia admite que el percance fue accidental, pero días después la Opddic, organización a la que pertenece Jiménez Morales, acusa a los zapatistas del incendio y amaga con “traer a la seguridad pública para que los detenga y encarcele”. Según la versión inicial de la señora de la casa, los zapatistas más bien la auxiliaron para sofocar el fuego. Días después, obligada por la organización priísta, la mujer acusó a los zapatistas.

La Opddic establece un regimen de terror entre las familias que la apoyan, para justificar las agresiones contra los autónomos. Las acusaciones falsas, la fabricación de “incidentes”, la destrucción de cultivos y hasta casas, son acciones que aderezan la presión gubernamental contra las tierras recuperadas hace más de una década por las bases del EZLN.

Los principales agresores priístas en la comunidad Rafael Moreno son: Eusebio Hernández Pérez, Manuel Cortes, Vicente Hernández Ruiz, Chabelo Sánchez Pérez, Rigoberto Sánchez Pérez, Mariano Jiménez Morales, Antonio García, Vicente Hernández Ruiz y Manuel Cortes Pérez.