El mexiquense Peña Nieto encabeza la intentona; cabildearán senadores en congresos locales

Conspira CIRT con gobernadores para detener la reforma electoral

Empresarios de radio y tv se quejan ante la CNDH por violación al derecho a la información

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La embestida de los dos mayores consorcios televisivos y de las grandes cadenas de radio contra la reforma electoral se enfoca ahora hacia la presión de los gobernadores, con el propósito de impedir que sea aprobada en las legislaturas locales.

El tema se discutió en las plenarias de los grupos parlamentarios del PRI y el PRD, y buena parte de los legisladores advirtió que es evidente que los empresarios de la radio y la televisión intentan configurar una “conspiración de los gobernadores”, encabezada por el mexiquense Enrique Peña Nieto, uno de los principales “clientes” de los medios electrónicos.

En respuesta al ataque frontal de los poderosos empresarios, que ayer presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que le piden declarar la reforma electoral como violatoria de la libertad de expresión y de información, PRI, PRD y PAN en el Senado decidieron ir a los estados para explicar a los legisladores locales el contenido y alcance de esa modificación constitucional.

El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, declaró ayer que se trata de un método “poco usual” en el proceso legislativo, pero la coyuntura actual lo amerita. Reveló que acudirá personalmente a dialogar con los diputados de los congresos locales y los gobernadores, acompañado por la dirigencia nacional del PRD, que encabeza Leonel Cota, a fin de contrarrestar la campaña mediática que busca detener esa reforma.

“Creo que los legisladores locales tienen derecho a conocer directamente de los senadores las razones y el contenido de la reforma, la más importante de los últimos tiempos”, agregó Navarrete.

La decisión fue suscrita también por el priísta Manlio Fabio Beltrones y el panista Santiago Creel Miranda, quienes afirmaron que si es necesario acudirán directamente a las 31 legislaturas de los estados, que a partir del lunes comenzarán a recibir la minuta aprobada ayer en la Cámara de Diputados.

Los empresarios de medios no pudieron evitar que el Congreso federal avalara esa reforma, que echa abajo un negocio de miles de millones de pesos con recursos públicos –vía la compra de propaganda durante las elecciones–, por lo que ahora enfocan el chantaje a los congresos locales, comentó el perredista Graco Ramírez.

Además del despliegue promocional que el gobernador del estado de México tiene en espacios informativos y de variedades de Televisa (ayer estuvo durante varios minutos en el programa Hoy), una señal de que está aliado con los concesionarios de los medios electrónicos fue que ayer, durante el debate de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, una legisladora del PRI del estado de México se negó a subir a tribuna para fijar la postura de su bancada, por indicaciones de Peña Nieto, según aseguró a sus compañeros de bancada.

En tanto, la dirigencia nacional del PRI pidió explicaciones al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, por la postura expresada en una entrevista a la que Televisa dio amplia difusión en su noticiero estelar del jueves por la noche, en la que se pronuncia por una mayor consulta en torno a la reforma electoral.

La versión del hidalguense es que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Sin embargo, el asunto preocupa a las tres principales fuerzas políticas en el Senado –también el gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas, manifestó en las pantallas de Televisa una postura que no fue de respaldo a la legislación.

El acuerdo es que los perredistas se entrevistarán con diputados de cinco congresos, los priístas con otros cinco y los panistas con siete, debido a que se requiere el voto de 17 legislaturas locales para que la reforma concluya su proceso constitucional.

El poder mediático, dispuesto a todo

Sin embargo, el poder mediático está dispuesto a todo, comentó el senador perredista Ricardo Monreal, luego de que se conoció en Xicoténcatl que ayer mismo la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) presentó una queja ante la CNDH, en la que pide al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, que declare que la reforma electoral es violatoria de la libertad de expresión.

En el documento, que llevó a la CNDH el operador de Televisa Javier Tejado Dondé, los empresarios invocan la legislación; tratados internacionales como el Pacto de San José, y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU para sostener que las modificaciones a la Constitución votadas por el Congreso de la Unión vulneran el derecho a la información y la labor de los periodistas.

Sostienen que la prohibición a partidos, personas morales y físicas para contratar propaganda política en los medios electrónicos, así como el impedimento de difundir campañas sucias o negras “es violatoria de la libertad de expresión, porque restringe que los ciudadanos manifiesten libremente sus opiniones”.

Piden a Soberanes que recuerde que “es obligación del Estado garantizar que en el país se ejerza el derecho de información y libertad de expresión”.