Lo acusan de usar fondos públicos de cara al referendo sobre el Cafta con Estados Unidos
Estalla escándalo en Costa Rica; deja su cargo el ministro de Planificación
El mandatario Óscar Arias se deslinda de Kevin Casas, quien es investigado por un tribunal
San José, 13 de septiembre. Acusado de utilizar recursos públicos para apoyar la campaña que impulsa la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América Central en el referendo del próximo 7 de octubre, el vicepresidente de Costa Rica y ministro de Planificación, Kevin Casas, dejó hoy temporalmente su cargo para dar paso a una investigación administrativa interna que determine si incurrió en actos ilegales.
Hombre de confianza del presidente Óscar Arias Sánchez, Kevin Casas accedió a dejar el cargo de ministro de Planificación mientras el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realiza las pesquisas en su contra.
Casas y un diputado del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Fernando Sánchez, fueron denunciados por haber enviado al mandatario un memorando en el que hacían una serie de sugerencias para impulsar la campaña en favor del Sí a un acuerdo que se negoció entre los años 2003 y 2004, pero cuya ratificación depende de la consulta popular de octubre.
En el texto de un correo electrónico supuestamente confidencial, pero publicado por la prensa local, Casas y Sánchez proponían al también Premio Nobel de la Paz emprender una campaña de intimidación a la población en la que destacara que Cuba, Venezuela y Nicaragua están detrás de la campaña del No, que se ha pronunciado por poner en marcha políticas de comercio justo.
También recomendaban al presidente que amenazara a los alcaldes con restringirles fondos para sus administraciones en caso de que no apoyara el Sí.
El acuerdo mercantil es conocido comúnmente por las siglas en inglés de Central America Free trade Agreement (Cafta) e incluye a República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; éste último es el único país que no ha ratificado el documento.
Mediante el Cafta, Estados Unidos hizo permanente la liberación de impuestos para la importación de mercancías de los estados firmantes, establecida en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de 1983, pero en contrapartida el tratado impuso nuevas bases para la legislación laboral, de propiedad intelectual y medioambiental.
La convocatoria al referendo fue consecuencia de una serie de reclamos y manifestaciones de protesta de la oposición, que acusa al gobierno de haber cedido ante planteamientos neoliberales.
El Cafta fue negociado durante la administración del antecesor de Arias, Abel Pacheco (2002-2006), militante del partido Unión Social Cristiana. Sin embargo, el gobierno de Arias defiende su aprobación y eventual ratificación, a pesar del rechazo de un ala del PLN, que tradicionalmente ha revindicado principios socialdemócratas.
El debate sobre el referendo también ha sido la causa de agrios debates en la Asamblea Legislativa, donde las bancadas de los partidos llevan una semana sumidos en ataques y contrataques.
Antes de que se desataran las acusaciones contra Casas y Sánchez, las encuestas anticipaban que 56 por ciento de los dos millones 600 mil ciudadanos registrados para votar darían su consentimiento a la ratificación del Cafta. En la oposición se hallaba 36 por ciento de los votantes, con el resto en una posición neutra o indecisa.
“Es posible que esta campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerables entre la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios”, señalaron los autores del memorando enviado al presidente y a su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
En su defensa, el ministro de la Presidencia dijo que “ni el mandatario ni yo hemos tomado en cuenta esas recomendaciones (y) como hemos hechos público, no coincidimos con ellos”.