Colombia rechaza la decisión; es comprar impunidad para los asesinos de 173 personas, dice
Recomienda EU a tribunal imponer multa de 25 mdd a Chiquita Brands
Familias de las víctimas exigen a la bananera millonaria compensación por pagos a paramilitares
El financiamiento dejó el equivalente en muertos a tres Torres Gemelas: abogado de demandantes
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Familiares del ex legislador colombiano Alberto Quintero, secuestrado por las FARC y muerto en un confuso incidente, participan en su funeral en Cali
Foto: Ap
Washington, 12 de septiembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó a un tribunal federal de Washington imponer una multa de 25 millones de dólares al gigante bananero Chiquita Brands International, por financiar a las paramilitares Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), decisión que fue rechazada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Los abogados de las familias de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras de Colombia presentaron el pasado 7 de junio una demanda multimillonaria en un tribunal federal de Washington contra la firma Chiquita Brands International, por financiar a esas fuerzas paramilitares.
“Éste es un caso emblemático, quizás el mayor caso terrorista de la historia”, afirmó el letrado Terry Colllingsworth, al presentar aquí la demanda. “En términos de víctimas, esto tiene el tamaño de tres World Trade Centers”, añadió el abogado, que defiende a familiares que acusan a Chiquita de haber utilizado a las AUC para asesinar a sus maridos, esposas e hijos, que supuestamente “interferían los intereses financieros” de la empresa estadunidense.
Los demandantes exigieron alrededor de mil millones de dólares, semanas después de que la firma bananera estadunidense aceptó haber financiado a los paramilitares de extrema derecha en la década de los años 90, cuando esos grupos irregulares apoyados por terratenientes, militares y sectores políticos luchaban contra las guerrillas de izquierda.
Cifra más que insignificante
Al cuestionar la recomendación del Departamento de Justicia estadunidense, el ministro colombiano del Interior y Justicia, Carlos Holguín, dijo que “realmente no deja uno de expresar su extrañeza por la cifra insignificante. No es justa con lo que deben pagar personas que patrocinaron crímenes horrendos de las autodefensas”.
“Estoy realmente sorprendido de que por unos cuantos millones se pueda comprar la impunidad en Estados Unidos”, añadió al comparar la multa a Chiquita con la impuesta a la Iglesia católica estadunidense por casos de pederastia, condenada a pagar cientos de millones de dólares.
Uribe y varios funcionarios de su régimen están acusados de tener contactos con paramilitares.
El Departamento de Justicia recomendó ayer al tribunal federal del Distrito de Columbia la aprobación de un acuerdo alcanzado con la bananera en marzo, en que se comprometió a pagar 25 millones de dólares a cambio de “no inculpar a algún ejecutivo actual o pasado” de la empresa.
En dicho acuerdo, Chiquita Brands reconoció que giró un millón 700 mil dólares a las AUC, catalogadas como una “organización terrorista” por el gobierno del presidente George W. Bush.
En medio de este diferendo, la administración de Estados Unidos pidió formalmente a Colombia la extradición del narcotraficante Diego Montoya, apodado Don Diego, recientemente capturado y señalado como jefe del cártel del Norte del Valle, acusado de abastecer 70 por ciento de la cocaína que se consume en el territorio de Estados Unidos y en Europa.
Por su parte, la Iglesia católica colombiana pidió al gobierno de Uribe “compasión” por los 45 rehenes canjeables que tiene la guerrilla y que acepte desmilitarizar una zona, como exigen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de la misma manera que suspendió las operaciones militares para recuperar los cuerpos de 11 ex diputados locales, secuestrados hace cinco años por esa guerrilla y muertos en junio pasado durante un confuso incidente.
La duda persiste
El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Luis Augusto Castro, envió un mensaje de solidaridad a las familias de los 11 diputados del departamento del Valle de Cauca, cuyos cadáveres les fueron entregados anoche.
Este día, durante el entierro en Cali de los ex legisladores, que según las FARC perecieron por “fuego cruzado”, la comisión de forenses de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que todavía no se puede afirmar que los ex congresistas hayan sido asesinados por sus captores, como sostiene el gobierno de Uribe.
En emotiva ceremonia, los deudos entregaron un cirio de la esperanza a las madres de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y su ex compañera de fórmula Clara Rojas, que permanecen cautivas de la guerrilla desde hace más de cinco años.
Mientras, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, respaldó una eventual reunión entre su par venezolano, Hugo Chávez, y Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, el máximo líder de las FARC, en el contexto de sus gestiones de mediación para hallar una salida a la crisis de los rehenes, tras una conversación telefónica.
Estados Unidos “ve con buenos ojos” la participación de Chávez en los esfuerzos por lograr la liberación de los rehenes, que incluyen a tres estadunidenses, declaró el embajador estadunidense en Bogotá, William Bronwfield, quien prometió no volver a polemizar con el gobernante venezolano, como solía hacerlo cuando hasta hace poco representaba a su país ante Caracas.