Crea fideicomiso para detenidos de forma ilegal
Indemnizará el gobierno de Oaxaca a miembros de la APPO
Oaxaca, Oax., 11 de septiembre. El gobierno del estado creará un fideicomiso para la reparación del daño a 18 simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) víctimas de detenciones ilegales y torturas, en un principio, aunque se podría ampliar para las viudas e hijos de las personas que han fallecido durante el conflicto social que vivió la entidad.
La subsecretaria de Derechos Humanos estatal, Rosario Villalobos Rueda, dijo que lo anterior responde a la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tiene el propósito de cumplir la promesa del gobernador Ulises Ruiz hecha al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez.
Explicó que el fideicomiso para la reparación del daño a los simpatizantes de la APPO será operado por la Secretaría de Finanzas y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, así como por la subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección Jurídica, antes de que concluya el presente año.
Estas instancias, añadió, integrarán un equipo de trabajo con sus áreas jurídicas y especialistas de diferentes ramas para determinar el ámbito, alcance de los daños, pérdidas y heridas sufridas por las víctimas, con base en criterios nacionales e internacionales, además de determinar las fuentes, tiempo y techo financiero del presupuesto.
Villalobos Rueda precisó que el fondo beneficiará en un principio a 18 simpatizantes de la APPO incluidos en la recomendación de la CNDH, aunque luego se podría ampliar a viudas e hijos de personas que hayan perdido la vida a causa del conflicto en la entidad.
Entre los beneficiados se encuentran uno de los voceros del movimiento magisterial y popular, César David Mateos Benítez –consejero estatal del Partido de la Revolución Democrática–, y Jorge Luis Sosa Campos, miembro de la dirección estatal del sol azteca y primo de Flavio Sosa Villavicencio.
La funcionaria mencionó que la operación del fideicomiso se realizará con transparencia para brindar reparación del daño equitativa, integral, sistematizada y eficaz.
Observó que el techo financiero del fondo aún no se determina porque todavía se evalúan procesos anteriores solicitados por la CIDH, en los que se ha dispuesto de 7 millones de dólares.
Mencionó que el gobierno de Oaxaca analiza la posibilidad de hacer la reparación del daño con un monto de 100 mil pesos a cada uno de los afectados a partir de una disposición de la Ley Federal del Trabajo.
Por separado, en conferencia de prensa, uno de los portavoces de la APPO, César David Mateos Benítez, se abstuvo de emitir una opinión sobre el caso por no conocer el procedimiento. “Necesito ver en qué términos y en qué condiciones se da”, señaló, pues “las detenciones ilegales y las torturas no se negocian”.
Además, resaltó que la reparación del daño no solamente es económica, sino también se requiere atención médica y sicológica para todas las víctimas.
El vocero dijo que la indemnización también debe alcanzar a las viudas e hijos de los asesinados, así como a Emeterio Marino Cruz, golpeado por policías estatales el 16 de julio pasado en las inmediaciones del Cerro del Fortín.
“Somos muchos lastimados y torturados, pero también hay viudas, huérfanos y compañeros como Emeterio que han quedado severamente afectados”, concluyó.