La PGJEM se niega a detener a agresores, aseguran
Demandan justicia familiares de tres menores violadas en Chimalhuacán
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Mujeres defensoras de los derechos humanos acusaron de negligencia a las autoridades del centro de justicia de Chimalhuacán por negarse a resolver las agresiones a menores
Foto: René Ramón
Nezahualcóyotl, Méx., 10 de septiembre. Familiares de tres menores de edad violadas en Chimalhuacán exigieron justicia en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en el municipio, tras asegurar que la dependencia se niega a detener a los agresores, quienes están plenamente identificados.
Emerenciana López Martínez, presidenta del Consejo de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y la Familia, reprochó la negligencia con que han actuado los funcionarios del centro de justicia ubicado en Piedras Negras, Chimalhuacán, pues los agresores están identificados y no han sido detenidos.
Los afectados explicaron que en junio pasado Gladis, de 15 años, fue privada de su libertad durante tres días, por un sujeto de 22 años quien está casado y tiene dos hijos, en la colonia Tlaltel Xochitenco.
El 2 de agosto, Karla, de 12 años de edad, fue subida a una combi y estuvo desaparecida durante cuatro días, tiempo en el cual fue mancillada por dos hermanos, uno de ellos menor, quienes ahora se pasean tranquilamente en calles del barrio de San Juan.
Hace un mes, Dulce, de 10 años, fue atacada por tres menores de 13, 14 y 15 años, que viven en la colonia San Miguel.
En todos los casos existe denuncia de los familiares de las víctimas; los presuntos delincuentes son conocidos pero en ningún caso, la PGJEM ha actuado conforme a derecho.
Incluso la madre de Gladis acusó a las autoridades de la PGJEM de Chimalhuacán de haber actuado con negligencia. La mujer narró cómo logró la captura del agresor de Gladis y lo entregó a la PGJEM.
“Le dije al Ministerio Público que era el violador de mi hija, y aun así lo soltaron”. Explicó que su agresor y los familiares de éste son operadores de camiones de transporte público, conocidos como chimecos.
Los afectados acudieron a la Subprocuraduría Regional de la PGJEM, con sede en Nezahualcóyotl, encabezada por Ernesto Santillana Santillana; ahí exigieron justicia para las menores ultrajadas.