Reclamos al gobernador mexiquense en su segundo Informe
Reprochan a Peña Nieto no haber castigado a Montiel
Seguridad y justicia, grandes temas pendientes: AN, PRD y PT
Toluca, Méx., 5 de septiembre. El estreno del formato para informes gubernamentales en el estado de México, con preguntas y respuestas entre mandatario y diputados, no resultó un acto fastuoso para el lucimiento de Enrique Peña Nieto, sino una presentación de reclamos encabezada por legisladores perredistas, quienes le exigieron una explicación por la falta de castigo al presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Arturo Montiel, a quien “no se ha aplicado la severidad mostrada a luchadores sociales”. Además le reprocharon el uso “faccioso” de recursos y programas para favorecer a municipios gobernados por el PRI.
Durante una sesión que duró más de cinco horas, los diputados del sol azteca también demandaron la renuncia del procurador de Justicia, Abel Villicaña, y sostuvieron que la procuraduría mexiquense se utiliza como instrumento de persecución política, dicho que Peña Nieto rechazó en tres ocasiones.
A su vez, los petistas exigieron la salida del secretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer, por los nulos resultados para abatir los índices de pobreza y por el uso de programas de gobierno para favorecer a grupos priístas.
El mandatario estatal se negó a realizar cambios en su gabinete, y recordó que “ningún poder puede entrometerse en otro, mucho menos hacer recomendaciones para remover a uno de sus integrantes”.
Peña Nieto reconoció estar insatisfecho con lo alcanzado en materia de seguridad pública y por los pendientes en procuración de justicia. Este tema fue el más criticado de su administración.
Legisladores de PRD, PAN y PT le exigieron mejorar en este renglón, ya que aseguraron que el estado de México es la entidad con mayor número de asesinatos dolosos contra mujeres. Igualmente, se quejaron de que se persigue a opositores y líderes sociales, a quienes se fabrican acusaciones para procesarlos. El mandatario negó dicha versión, y aseguró que se castigará a quien delinca, aunque se ampare tras las siglas de un partido político.
Pero los coordinadores del PRD, Higinio Martínez, y del PT, Sergio Velarde, así como el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, el panista Carlos Aberto Pérez Cuevas, cuestionaron que la mano dura que pregona la administración estatal no se aplicó al ex gobernador Montiel.
Peña respondió en tres ocasiones que actuó apegado a derecho, con los elementos a su alcance. Afirmó que en más de una ocasión le recomendaron proceder penalmente contra su antecesor “para colgarme una estrella”, pero decidió no actuar de forma arbitraria, por carecer de elementos para ello.
“Se actuó de manera imparcial y transparente. Se creó una fiscalía ex profeso que resolvió el no ejercicio de la acción penal, por lo que sometimos el expediente a otras instancias, como la Procuraduría General de la República, para su revisión”, dijo.
Asistió al segundo Informe del mandatario mexiquense el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, a quien la diputada perredista Martha Angélica Bernardino le dijo: “Recuérdele a su jefe Felipe Calderón que los diputados y alcaldes perredistas del estado de México, así como millones de mexicanos, reconocemos a Andrés Manuel López Obrador como ‘presidente legítimo de México’”, frase que desató la ira de panistas y el grito de apoyo de perredistas.
También asistieron los mandatarios de Veracruz, Aguascalientes, Yucatán, Puebla, Hidalgo y Durango, además del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a quien el gobernador mexiquense reconoció por “su colaboración y entendimiento” para resolver los problemas del valle de México.
Los legisladores igualmente emplazaron al mandatario a discutir una reforma del Estado, para transformar las instituciones de la entidad y convenir una reforma electoral que regule los comicios de 2009, que renovarán ayuntamientos y diputados, y los de gobernador, en 2011.
Exigen derecho a la libre manifestación
En Naucalpan, la Asamblea Popular del Estado de México (APEM) exigió que se restituya en la entidad el derecho de “libre manifestación” de las organizaciones sociales. Destacó que en los dos años de gestión de Peña Nieto, ese derecho se ha coartado y se ha encarcelado a dirigentes.