Es un “acto de absoluta e impresionante ilegalidad”, acusa el gobierno de Morales

Archiva el Senado boliviano el proceso a 4 miembros del Tribunal Constitucional

Rosa Rojas (Corresponsal y agencias)

La Paz, 5 de septiembre. El Senado de Bolivia archivó anoche el proceso abierto por la Cámara de Diputados contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional a quienes el presidente Evo Morales acusa de prevaricato, en lo que el viceministro de gobierno, Héctor Arce, calificó como un “acto de absoluta e impresionante ilegalidad”.

Las tres fuerzas opositoras, que suman 15 de los 27 votos del Senado, resolvieron al mismo tiempo restituir en sus funciones a los ministros, suspendidos de sus cargos desde que la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobó la acusación hace dos semanas.

El Senado dijo que su decisión fue tomada con base en un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –integrada por la oposición–, que solicitó archivar el juicio contra los magistrados con el argumento de que el proceso adolece de fallas procesales.

Luego de esto, Morales propuso que en la nueva Constitución que elabora la Asamblea Constituyente se establezca la elección por voto universal de las autoridades del Poder Judicial, lo que, dijo, garantizaría un compromiso con el pueblo de las futuras autoridades judiciales y se evitaría que se administre justicia en beneficio de algunos sectores en desmedro del interés colectivo de los bolivianos.

“Lo que se ha cometido es un acto de absoluta e impresionante ilegalidad”, manifestó a radio Erbol el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, uno de los principales asesores jurídicos del mandatario boliviano.

Después, en declaraciones a la televisión, afirmó que “ahora sí está en riesgo la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad”, y dejó abierta la puerta para recurrir a instancias internacionales.

Arce denunció que el Senado se basó en una resolución de una comisión de diputados que archivó el proceso, a pesar de que el pleno de la Cámara baja aprobó la acusación en la primera etapa del juicio.

Los magistrados fueron acusados de prevaricato por el presidente Morales por desconocer, a finales de año pasado, uno de sus decretos con los que eligió de manera directa a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia, sin cumplir, dijeron, procedimientos constitucionales.

En tanto, la Junta Democrática de Bolivia, que agrupa a organizaciones cívicas de seis de los nueve departamentos del país que se oponen al gobierno de Morales, dio un plazo hasta el lunes próximo para que la Asamblea Constituyente revise la eliminación en la agenda del tema de la restitución de la capitalidad plena para Sucre, o iniciará una huelga de hambre.