Las omisiones en el caso Oaxaca y la censura a Ruth Zavaleta, entre los agravios
El PRD en San Lázaro solicita juicio político contra el titular de Gobernación
La fracción del PRD en la Cámara de Diputados entregó a la secretaría general del órgano legislativo la solicitud de juicio político contra el secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, por “violaciones graves a la Constitución Política y a diversas leyes federales”, al evadir su responsabilidad para intervenir en la solución del conflicto político-social de Oaxaca, impedir la transmisión de la ceremonia de toma de posesión del “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la ciudad de México y censurar a la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta.
Aleida Alavez y Alejandro Sánchez Camacho, representantes perredistas, acudieron a la oficina de Guillermo Haro Bélchez, secretario general de la Cámara, a entregar el documento que manifiesta la urgencia de turnarlo a la subcomision de examen previo con objeto de que ésta determine incoar (llevar a cabo los primeros trámites) el proceso y en su oportunidad “el Congreso de la Unión apruebe la destitución e inhabilitación de Ramírez Acuña”.
La solicitud advierte que “desde el inicio de la presente administración, la actuación de la Secretaría de Gobernación ha estado bajo cuestionamiento, debido a su tendenciosa participación en asuntos relevantes para la vida democrática del país: la censura a los programas televisivos del PRD, la impunidad y el cobijo a los atropellos que los habitantes de Oaxaca están sufriendo por parte de Ulises Ruiz, la falta de comunicación con los actores políticos, y el desdén a los pronunciamientos del Instituto Federal Electoral (IFE) y al exhorto de la Cámara de Diputados en el sentido de respetar las posturas de los partidos políticos en el ejercicio de sus actividades”.
El texto refiere que el 31 de enero del presente año el Consejo General del IFE aprobó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Gobernación que cumpliera puntualmente con la difusión del programa denominado Toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. En aquella sesión del órgano electoral, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, adujo que resultaba inadmisible la decisión del Poder Ejecutivo de limitar un derecho constitucional, porque bajo ninguna circunstancia se puede avalar la censura previa.
“Los pronunciamientos del IFE y el exhorto de la Cámara de Diputados en el sentido de respetar las posturas de los partidos políticos en el ejercicio de sus actividades carecieron de sentido para el titular de Gobernación, quien haciendo caso omiso de la misma decidió por motu proprio censurar diversos programas del PRD”.
El pasado julio, en la ciudad de Oaxaca se reactivó el conflicto político-social, y ante los hechos violentos que ocurrieron el día 16 del citado mes, la Cámara de Diputados publicó un desplegado siete días después para llamar a la Secretaría de Gobernación a convocar de manera urgente a la instalación de mesas de diálogo con las partes en conflicto en el estado y propiciar el desahogo institucional de la crisis política y social que priva en la entidad, pero “el titular de dicha dependencia hizo caso omiso a los sucesos violentos acaecidos el 16 de julio y al exhorto de la junta de coordinación política”.
El primero de septiembre pasado “la presidenta del Congreso de la Unión, Ruth Zavaleta, instaló el primer periodo de sesiones del segundo año de la 60 Legislatura, y una vez que ella se excusó de no permanecer en el salón de sesiones para recibir el Informe de Felipe Calderón, las dos principales televisoras censuraron a la legisladora, provocando el desconocimiento y rompiendo el contexto de los hechos ante los televidentes”, señala el texto.