Con observaciones y cuestionamientos, el Presidente regresó la iniciativa a los diputados

Calderón: ley de bioenergéticos pone en riesgo la autosuficiencia

No considera la promoción de nuevas tecnologías ni la diversificación de fuentes energéticas

Roberto garduño y Enrique Méndez

El presidente Felipe Calderón devolvió a la Cámara de Diputados la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos después de hacerle observaciones y cuestionar que la producción de nuevos combustibles, basada exclusivamente en el maíz y la caña de azúcar, sin promover nuevas tecnologías de fabricación y la diversificación de fuentes de energía, podría afectar la autosuficiencia alimentaria.

En los documentos que envió el sábado y fueron publicados ayer en la Gaceta Parlamentaria, Calderón argumenta que el Congreso enfocó la generación de bioenergéticos a partir del maíz y la caña de azúcar, sin considerar que la producción nacional de ambos es insuficiente para cubrir las necesidades de un mercado que a corto plazo comenzará a demandar biocombustibles.

Una vez turnado el documento a la Comisión de Agricultura, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que esa instancia hará los cambios correspondientes para que la ley sea aprobada la semana próxima.

En sus observaciones, Calderón afirma que dicha ley difícilmente garantizará el desarrollo óptimo del mercado de combustibles distintos a los derivados del petróleo, “debido al enfoque primordialmente agrícola en que el proyecto se sustenta.

“En este sentido, el decreto aprobado está orientado a la producción de bioenergéticos a partir de unos cuantos cultivos, promordialmente el maíz y la caña de azúcar, sin promover nuevas tecnologías de fabricación, como el desdoblamiento celulósico a partir de biomasa forestal y la creación de etanol a partir de algas marinas, procesos bacteriológicos y enzimáticos, entre otros”, expresa.

Inclusive califica de “grave” que los legisladores no consideraran otras formas de aprovechar la biomasa, más allá de la transformación en combustibles líquidos.

Otro de los puntos a los que hace observaciones es el artículo quinto, en el cual se establece que el etanol producido a partir de maíz y caña de azúcar se destinaría a cumplir los requerimientos de oxigenación en los combustibles vendidos en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. El mandatario consideró que la aplicación de dicho artículo “implicaría una demanda de grandes volúmenes de etanol en un periodo muy corto, sin la seguridad de que la oferta y la capacidad de conversión sean suficientes”, lo cual pondría en riesgo el abasto de combustibles.

Asimismo objetó que la mayoría de las atribuciones otorgadas por el Congreso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sobre producción, comercialización y distribución de biocombustibles, así como en definición de precios, corresponden a la Secretaría de Energía (Sener), al igual que algunas facultades que se confirieron a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

Al respecto, consideró que el Congreso dio atribuciones en materia energética a la Sagarpa, al permitirle fomentar y promover la adquisición y operación de plantas de conservación y transformación industrial, y compra de insumos, equipos y demás bienes que precise el desarrollo de los bioenergéticos.

En el caso de la comisión intersecretarial, señala que el Legislativo le atribuye diversas facultades relacionadas con la fijación de criterios y definición de prioridades sobre la promoción y desarrollo de biocombustibles, así como para la elaboración de indicadores, porcentajes y sistemas de calidad, lo cual “corresponde de manera directa a las secretarías de Estado”.

Inclusive, resaltó que la Sagarpa y la comisión intersecretarial no pueden fijar la entrada en vigor de disposiciones para la calidad y uso de bioenergéticos, como previó el Congreso, porque ello es competencia de la Sener y de la Secretaría del Medio Ambiente.

Calderón también devolvió a la Cámara el decreto de reforma a la Ley de Federal de Protección al Consumidor, pues resaltó que dichas modificaciones podrían afectar derechos previamente otorgados a los consumidores, especialmente los relacionados con el levantamiento de medidas precautorias, garantía de audiencia y adquisición de bienes inmuebles.