Pocas investigaciones de la CNDH han demostrado tantas fallas de funcionarios: Soberanes
En el caso Ascensión, la Sedena “actuó irregularmente en repetidas ocasiones”
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, destacó ayer el cúmulo de errores, omisiones y falsedades que rodearon la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, y reveló varias deficiencias en el funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto: “se evidenciaron de la peor manera la ineficiencia burocrática, la inoperancia y la deficiente preparación de numerosos servidores públicos, pero también la incuria y la mala fe”.
Pocas investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “han demostrado tantas fallas de servidores públicos”, destacó Soberanes, y abundó: “no exagero al afirmar que lo más difícil no fue encontrar los errores y omisiones de los funcionarios que incurrieron en falta, sino los aciertos de quienes se esforzaron por realizar una labor impecable y debidamente apegada a derecho”.
El presidente de la CNDH denunció que en varias de las diligencias realizadas por las autoridades estatales “estuvieron presentes y participaron personas que no eran funcionarios”. Por ejemplo, la necropsia efectuada a la mujer indígena, oriunda de la sierra de Zongolica, “se efectuó en la funeraria Hermanos Vázquez, y su propietario, Héctor Vázquez Vázquez, fue quien la hizo, y el médico forense Juan Pablo Mendizábal, de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Veracruz, la firmó”.
Otra de las irregularidades e ilegalidades es que la perito criminalista Ricarda Mora, de la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, “se sintió mal en la necropsia y encargó a su amiga, Verónica Sánchez Arruelo, que tomara la secuencia fotográfica, ‘y como yo no soy experta –dijo–, le pedí al médico forense que me indicara qué imágenes deseaba que tomara, y me percaté que la cirugía la realizaba Héctor Vázquez’”.
También otra persona, conocida como “Jorge Herbao –un madrina de la Policía Judicial– estaba presente en la necropsia, y ahí Mendizábal le pidió que él trasladara las muestras a Servicios Periciales, mismas que fueron entregadas casi dos días después”.
Aún más: “el médico forense declaró ante el Ministerio Público que la afirmación que hizo en su dictamen de neurocirugía el pasado 26 de febrero de este año, en el sentido de que encontró abundante líquido seminal –en el cuerpo de Ernestina Ascensión Rosario– fue una apreciación de carácter subjetivo y que pudo ser confundida con líquido vaginal”.
En el mismo sentido, la perito médica, María Catalina Rodríguez, quien señaló en su dictamen “probable perforación del recto –de la mujer indígena–, aseveró que tal afirmación no le consta, que la copió de una nota médica”.
Por lo que respecta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente de la CNDH denunció que fue informado en la investigación que el batallón al que presuntamente pertenecen los militares acusados de violar a Ascensión Rosario fue destinado a esa región “para realizar patrullajes y actividades de búsqueda de información, con el fin de disuadir e inhibir cualquier tipo de acción violenta por parte de expresiones subversivas con presencia real en la jurisdicción, y ubicar campos de adiestramiento, casas de seguridad, líderes, centros de acopio de armamento, vestuario y equipo, entre otros”.
En su actuación, los militares fueron negligentes, cometieron irregularidades, infracciones a la ley, falsearon información, como el hecho de señalar “que la CNDH formuló una propuesta de conciliación en el caso de Ascensión Rosario al instituto armado. Por ser una violación grave de derechos humanos, el asunto no podría someterse a procedimiento de conciliación”, aseguró Soberanes.
Incurrieron además en ejercicio indebido del cargo, cometieron graves irregularidades, como emitir boletines de prensa “con datos contrarios a la verdad, lo que generó expectativas en la población y contribuyó al enrarecimiento de la información”, como fue “mentir al decir que tenían muestras de líquido seminal de la difunta y muestras de los militares, que los iban a analizar”, apuntó.
La Sedena, acusó Soberanes, actuó irregularmente en repetidas ocasiones, para empezar el campamento no debía estar ubicado cerca de donde vivía la señora Ascensión; diversos militares se negaron además a colaborar con las investigaciones, sin recibir sanción alguna por obstruir la justicia.
En el México democrático, dijo, es inadmisible que la Sedena pueda incurrir en situaciones de desinformación como política de comunicación social.
Añadió: “el Ejército no puede conducirse como una caja negra; la Sedena necesita seguir evolucionando e informar con más claridad y transparencia a la sociedad a la que se debe y a la que sirve”.
Asimismo, el titular de la CNDH señaló que “está comprobado que el traductor en el caso asentó afirmaciones que jamás fueron dichas por la hija de Ernestina Ascensión”.
No fue la CNDH, aseguró Soberanes, “la que informó al Presidente de las causas de la defunción, fueron los militares que participaron en la segunda necropsia, como quedó manifiesto en la investigación, pues el día 12 de marzo de este año la Sedena ya tenía un dictamen elaborado en el que asegura que la mujer indígena murió de gastritis”.