Usted está aquí: martes 4 de septiembre de 2007 Política El PAN cargará con el costo político de un incremento a gasolinas y diesel

Priístas ven con buenos ojos la propuesta del blanquiazul de un aumento de 5.5%

El PAN cargará con el costo político de un incremento a gasolinas y diesel

Los perredistas alertan sobre el riego de un “albazo” en la aprobación de la reforma fiscal

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Ampliar la imagen Los priístas José Murat y Emilio Gamboa dialogan antes del inicio de la apertura de sesiones del segundo año de ejercicio de la 60 Legislatura en la Cámara de Diputados Los priístas José Murat y Emilio Gamboa dialogan antes del inicio de la apertura de sesiones del segundo año de ejercicio de la 60 Legislatura en la Cámara de Diputados Foto: Marco Peláez

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se instalará en sesión permanente para entregar a los grupos parlamentarios los siete proyectos de dictamen de reforma fiscal, para que sean analizados y, si en el transcurso del día en el Senado se dictamina la reforma electoral, entonces aprobar esos documentos en San Lázaro. Además, el PAN decidió asumir el costo político de un incremento al precio de las gasolinas y el diesel, al proponer una reforma a la Ley del IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios), de 5.5 por ciento por litro.

La estrategia de llevar a los coordinadores parlamentarios el proyecto de dictamen de reforma fiscal busca amarrar al PAN, partido que en las horas recientes amenazó a PRD y PRI de no ir a una reforma electoral que incluya la remoción de los consejeros electorales. “Tiene que ir todo junto, porque si el PAN se aferra a defender a Luis Carlos Ugalde, no se dictamina el proyecto fiscal. Ambas reformas tienen que aprobarse de manera paralela”, sostuvo el priísta Samuel Aguilar Solís.

El diferendo entre el PRD y el PRI con el PAN se manifestó ayer en una llamada telefónica que el perredista Juan Guerra Ochoa hizo al priísta y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac. El primero reclamó a su interlocutor que no instale la sesión de hoy hasta que ocurra lo mismo en el Senado con la Comisión de Puntos Constitucionales para trabajar la reforma electoral.

“Yo hablé con Estefan y le dije que así no se podía trabajar, que ese no había sido el acuerdo; me replicó que él lo platicaría con Emilio Gamboa y éste su vez se comunicaría con nuestro coordinador, Javier González Garza, pero ya le hablé al güero y me dijo que, en efecto, así no se puede”, refirió Guerra Ochoa.

Más tarde, ante el amago del PAN y de Estefan Chidiac por instalar la Comisión de Hacienda en sesión permanente, Guerra Ochoa volvió a comunicarse con el presidente de ese órgano para insistir en que sí Acción Nacional no cumple con su parte del acuerdo, no se dictaminará.

Y es que por la tarde las señales recibidas desde el Senado y la misma Cámara de Diputados no eran halagüeñas en torno al proceso de negociación de la reforma electoral, porque el PAN en ese órgano legislativo mantenía una postura en favor de la permanencia de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Tal pretensión implicaría abrir un boquete a las propuestas aceptadas con anterioridad por todos los partidos, incluido el blanquiazul.

Por tanto, los perredistas se reunieron en plenaria durante la tarde y alertaron del riesgo de un albazo promovido por el PAN y aceptado por el PRI, es decir, que estos dos partidos aprobaran la reforma fiscal en San Lázaro, y en el Senado la mayoría blanquiazul echara por tierra la tan esperada reforma electoral, a pesar de la oposición de la mancuerna entre perredistas y priístas.

Ayer, la única certidumbre era la presentación del proyecto de dictamen fiscal ante la Comisión de Hacienda a las nueve de la mañana. Tal escenario propició que los grupos parlamentarios de PAN, PRD y PRI se reunieran en plenarias por separado para analizar el rumbo de la negociación.

Dos condiciones

Los perredistas se plantearon dos condiciones: que las comisiones al frente de la negociación deben informar de manera detallada el grado de avance, porque si bien sus demandas mínimas están garantizadas, resta el trabajo más arduo con vista a la reforma electoral.

“Y de lo fiscal, rechazar nuevos impuestos, pero valorar otros dictámenes y votarlos en favor. Hay que utilizar el criterio del voto diferenciado en aquellas leyes en donde evidentemente se atente contra el interés mayoritario y que vaya en contra de las definiciones políticas del Congreso; ahí las votaremos en contra, pero quedó claro que en las leyes donde haya avances sustanciales, en términos de las propuestas históricas del PRD, las votaremos en favor”, indicó el diputado Antonio Ortega.

Entre los priístas la propuesta del PAN para incrementar el costo de las gasolinas y el diesel se vio con buenos ojos, porque el costo político se cargará a las filas del blanquiazul. Además, se sumaron a la preocupación del PRD en torno a la urgencia de aprobar la reforma electoral. Emilio Gamboa, coordinador del PRI en San Lázaro, aseguro que “si no hay ninguna complicación, antes del 15 de septiembre tendremos reforma electoral y reforma fiscal. Estamos convencidos de que será mucho más rápido de lo que creemos”.

A los panistas se les presentó un anteproyecto de reforma fiscal con una tasa de 16 por ciento de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), tema que será analizado a profundidad en las próximas horas. También causó molestia la propuesta de incremento a las gasolinas y el diesel, por lo cual se dejó encorchetado en el texto que les fue expuesto.

Horas antes, el panista Cristian Martín Lujano Nicolás presentó la propuesta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal:

“La nueva tasa se aplicaría de forma independiente y en adición a la tasa vigente hoy día. La nueva tasa se propone de 5.5 por ciento sobre el precio por litro de venta al público de la gasolina y el diesel, que pueden representar ingresos aproximados de 22 mil 700 millones de pesos. Dicha tasa se dividiría en dos partes: 4.5 por ciento para las entidades en relación con su consumo de combustibles, lo que representaría 18 mil 500 millones, y uno por ciento para la creación de un fondo de compensación, con un valor de alrededor de 4 mil 200 millones.

“Esta contribución no sería objeto del impuesto al valor agregado y se incluiría en el precio de venta de los combustibles al público. El impuesto se suspendería en el momento en que las entidades federativas establezcan a nivel local el gravamen, a fin de evitar duplicidades en el cobro del impuesto.”

 
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