Obliga al personal de Educación Indígena a cambiarse a un edificio “con fallas”
Acusan a subsecretario de Educación de “poner en peligro” a trabajadores
Piden al jefe del Gobierno del Distrito Federal que supervise y clausure el inmueble
Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP acusaron al subsecretario de Educación Básica, José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, de “poner en peligro la vida de nuestros compañeros” al obligarlos con violencia a trasladarse al edificio de avenida Cuauhtémoc 614, que tiene “graves fallas estructurales desde los terremotos de 1985”. Asimismo, hicieron un llamado a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), para que autoridades capitalinas clausuren el inmueble.
Francisco de la Cruz Jiménez, Joaquina Sandoval Acevedo y Rusbel López Méndez, dirigentes de las tres secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que representan al personal de base de Educación Indígena, denunciaron que hace tres días la SEP envió camiones y cargadores para sacar todo el mobiliario, equipo de cómputo y “hasta el reloj checador” del edificio de Azafrán 486, colonia Granjas México, donde se localiza su centro laboral desde hace décadas.
Recordaron que durante el sexenio de Vicente Fox el subsecretario Lorenzo Gómez Morín trató persistente e infructuosamente de cambiar la Dirección de Educación Indígena a otro edificio, también en pésimas condiciones, ubicado en Obrero Mundial 358. Ahora, González Sánchez, sucesor de éste, “quiere meternos en uno que está peor”.
Para demostrarlo exhibieron un dictamen de la Secretaría de Obras y Servicios del GDF, suscrito el 24 de agosto de 2007 por el ingeniero Jaime Torres Herrera, coordinador técnico de esa dependencia, en el cual se asienta que “el inmueble sufrió daños mayores en su estructura, mismos que ponen en peligro a terceros y edificaciones colindantes”, por lo que “se llevaron a cabo trabajos de reforzamiento que fueron concluidos el 11 de noviembre de 1986”.
Asimismo, entregaron a este diario copia de una carta de Martín García Rodríguez, responsable de la oficina de Información Pública de la delegación Benito Juárez, en la cual el 13 de marzo de 2007 comunicó a los sindicalistas que el edificio “ubicado en avenida Cuauhtémoc 614, colonia Narvarte, de 1995 a la fecha, no cuenta con permiso, licencia o manifestación de construcción alguna”.
Joaquina Sandoval explicó que el inmueble mencionado pertenecía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero fue desalojado tras los terremotos de 1985, y durante más de 10 años permaneció cerrado y abandonado. “Hace menos de dos años se remodeló su fachada, pero con asesoría de un especialista pudimos constatar que las escaleras, tanto las principales como las de emergencia, no cumplen con las normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal”.
De ahí su insistencia en pedir que, ante la cerrazón de los directivos de la SEP, “ojalá Marcelo Ebrard clausure el edificio y ordene una verificación a fondo para no exponer la vida de más de 100 personas; si (el jefe de Gobierno) lo hace, verá que el sótano fue rellenado con piedras de los escombros de otros edificios y hasta metieron el tronco de un árbol”.
Los sindicalistas recordaron que desde el sexenio de Fox, “primero con Gómez Morín y ahora con el yerno de Elba Esther Gordillo, ha habido una agresión constante contra la Dirección de Educación Indígena. Eso demuestra el racismo de esa gente. Desde que llegaron al poder, la calidad de los materiales didácticos, la corrupción y la ineficiencia han sido una constante”, aseguró Joaquina Sandoval.
Ahora, en lo que va del nuevo gobierno, la dirección ha tenido ya tres titulares en menos de dos años, lo cual ratifica “el desprecio del subsecretario González Sánchez”.
En vísperas de las elecciones de 2006, “una compañera fue secuestrada y torturada por gente de Gómez Morín. Fue un mensaje para que dejáramos de denunciarlo”, recordaron los líderes. En aquellos momentos, igual que ahora, la SEP se esforzaba por desalojarlos con cargadores que “saquearon las oficinas de Azafrán”, y cuando intentaron oponerse “varios compañeros fueron golpeados y acusados penalmente”.
La situación volvió a repetirse el pasado viernes, cuando de nuevo los cargadores empezaron a llevarse todo del edificio de Azafrán, “hasta el reloj checador”, para acusar de abandono de empleo a los trabajadores que no acepten cambiarse al vapuleado edificio de Cuauhtémoc.
“Lo más triste es que, hasta la fecha, Josefina Vázquez Mota no ha contestado ninguna carta y se niega a intervenir, aunque sea para enterarse de lo que está pasando en Educación Indígena”, lamentó Joaquina Sandoval.