El MP alteró la edad y desestimó la denuncia: ONG
Impiden abortar a menor violada en Chihuahua; la trasladarán al DF
Chihuahua, Chih., 31 de agosto. El gobierno de Chihuahua violentó las garantías individuales de una niña 13 años a la que impidió abortar, a pesar de que su embarazo fue resultado de una violación, por lo que la menor deberá ser trasladada al Distrito Federal para que le realicen esa intervención quirúrgica, acusó Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (CDHMAC).
Lupita fue atacada el 5 de agosto en la ciudad de Meoqui, a 60 kilómetros de la capital; a pesar de que su madre interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, ésta fue desestimada. En las actas que se levantaron se asentaron irregularidades graves, e incluso se alteró la edad de la menor para hacerla pasar por una joven de 21 años y proteger al presunto agresor, plenamente identificado, emparentado con una de las familias de agricultores de la región.
El CDHMAC tomó el caso y luego de exámenes médicos se determinó que resultó embarazada de la agresión sexual; a pesar de que se solicitó la excluyente de responsabilidad para que las autoridades ministeriales o judiciales ordenaran un aborto legal, por ser producto de una violación, no obtuvieron respuesta.
José Chávez Aragón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, argumentó que el Código Penal sí contempla las excluyentes de responsabilidad en caso de violación, pero no existe un reglamento que indique con claridad qué instancia debe hacerse cargo del trámite, por lo que ningún juez puede ordenar la realización de un aborto legal.
La subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito –cuyo titular Arturo Licón Baeza se negó a proporcionar dos pasajes de avión para que Lupita y su madre viajaran al Distrito Federal–, argumentó a su vez que brindar ese apoyo económico implicaría consentir el aborto.
“Sólo son pretextos de las autoridades para no afrontar el escándalo de los grupos conservadores como Provida y Vida y Familia, que se han dedicado a convencerla (a la niña) de que no aborte. La tuvimos que sacar de su domicilio ante la presión que están ejerciendo sobre su familia”, dijo Castro.
Informó que la familia de la víctima identificó plenamente al agresor, y el caso será atraído por la Procuradora de Justicia del estado para que realice la investigación una agencia del Ministerio Público, con capacidad y ajena a los intereses locales de la región de Delicias-Meoqui.
Luego de muchas gestiones y presiones ejercidas por organizaciones no gubernamentales, el gobernador José Reyes Baeza Terrazas ofreció pagar los gastos del traslado de la menor para que el lunes acuda al Distrito Federal a realizarse un aborto legal. Una vez que esto suceda, crear una mesa de trabajo de alto nivel en la que se reglamenten las disposiciones del Código Penal del estado, que contempla cuatro excluyentes de responsabilidad en caso de aborto, entre ellos el de violación.
Miguel Delgado, encargado de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, del municipio de Delicias, hizo un llamado a la niña y a su madre para que desistan de recurrir al aborto pues “es un acto de violencia casi similar al que a ella le hicieron”, dice.