Libertades ganadas
Mientras en la ciudad de México se marcha en contra de que se prohíban las marchas, las garantías individuales se acotan por los encargados de procurar justicia y desde las cámaras, tanto locales como federales, se amenaza con criminalizar los movimientos sociales de resistencia y evitar su derecho a la libre expresión y manifestación de ideas.
Las movilizaciones callejeras en demanda del respeto a los derechos humanos denuncian abusos de autoridad u omisiones gubernamentales, como la corrupción o la conculcación de derechos políticos, que se reducen al supuesto ejercicio del voto libre y secreto, pero no sancionan la intervención ilegal del Estado en los procesos electorales, ni la omisión de los servidores públicos, que tienen la obligación constitucional de dar respuesta a las demandas ciudadanas.
Con instituciones envueltas en escándalos diversos, como el que se protagoniza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se intenta convencer que vivimos en un supuesto estado de derecho, cuando un auténtico estado de derecho se da cuando el Estado se somete a él y no sólo lo promueve o aplica.
Este es el dilema de reglamentar la ocupación de los espacios públicos, que hacen visible el desagrado o repudio a un acto de autoridad, es el último recurso para ser o sentirse escuchados. La forma pacífica en que se realizan la mayoría de las movilizaciones, legitima el objetivo del recurso de la obstrucción de vialidades urbanas o carreteras. Pero el origen de que la gente altere su normalidad para caminar por horas, bajo el sol o la lluvia, con la hostilidad que significa obstruir el tránsito, es, al parecer, lo menos importante.
El objetivo de partidos como Acción Nacional y la Coalición Socialdemócrata de la ALDF, con la adhesión de una facción perredista, se hayan los movimientos de resistencia civil, particularmente los derivados de la elección presidencial de 2006, o los surgidos de rebeliones como las de Oaxaca o San Salvador Atenco.
La propuesta de la derecha en el legislativo reduce las marchas con restricciones que atentan contra derechos, que son los mismos que tienen también los mexicanos que salen a las calles e intentan criminalizarlas, como ha sucedido históricamente. Ahí está el 68, el 72, Aguas Blancas, El Bosque, Acteal o Atenco para corroborar que el desacato es un desafío que puede costar la vida de los ciudadanos con la consigna de mantener el orden público o defender la seguridad nacional.
Para lograr su objetivo, la propuesta tendrá que ser llevada al Congreso de la Unión, como señala el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ya que se tendrán que reformar artículos constitucionales que van más allá de las facultades que tienen los asambleístas capitalinos, pero la confianza de que no es momento para tocar el tema en órganos como la Cámara de Diputados o el Senado, se puede encontrar con la urgencia de evitar que los ciudadanos sigan repudiando a un régimen que viola constantemente la legalidad que dice defender. Se busca impedir que las personas acudan al exterior de edificios públicos para exigir o denunciar, proponen que vayan con permiso justificado a los parques o jardines, que lo hagan en horas específicas, que no coincidan con los horarios de intenso tránsito vehicular y en horas hábiles, si se puede por la noche o fuera de la ciudad.
Con base en supuestas encuestas que reflejan el descontento que causan las movilizaciones, lo diputados trabajan en campañas mediáticas que promueven el odio y la discriminación, llaman asesinos falazmente a los manifestantes para lograr aceptación de una parte de la opinión pública que se siente agraviada, pero también se omite la opinión de quienes piensan, de que si bien son incómodas las manifestaciones, forman parte de los derechos que tenemos los mexicanos para inconformarnos.
Sin embargo, la exaltación del racismo para reprobar las acciones de grupos o personas que reivindican demandas en la vía pública, dificultan un acuerdo equilibrado para reglamentar una situación que ha venido creciendo en estos años de supuesta alternancia política. Según la CDHDF, en los últimos cinco años se han manifestado en la capital de la República 10 millones de personas.
Otros datos señalan que en 120 días, de enero a abril de 2007, se han registrado 523 movilizaciones, 350 procedentes de distintas entidades de la República, lo que significa que en el primer cuatrimestre hemos tenido entre cuatro o cinco manifestaciones al día. En el Distrito Federal las marchas callejeras se contemplan en distintos puntos de leyes y reglamentos: el artículo. 105 del Reglamento de Tránsito exige un permiso de salud para mantener la higiene. El artículo octavo de la Ley de Justicia Cívica establece que será infracción administrativa con multas de 60 pesos o arresto: impedir o estorbar de cualquier forma, sin permiso o causa justificada, el uso de vialidades primarias, la libertad de tránsito o de acción de las personas. Determina que la manifestación, reunión o asociación tiene que ser pacífica, acotando que debe ser un medio que no tenga como fin la obstrucción de vialidades para presionar, sino que ésta sea una consecuencia inevitable.
Normar estas reglamentaciones, como modificar el artículo 9 de la Constitución, que garantiza el derecho de libre reunión y asociación, tendrá que hacerse manteniendo la garantía de las libertades ganadas en las plazas públicas en una sociedad que quiere ser democrática, éste es el reto que tendrán que enfrentar nuestros legisladores, la pregunta es: ¿podrán o querrán hacerlo?