Antes de finalizar el año llevarán 45 casos ante la CIDH
Exigen al gobierno que reconozca responsabilidad en desapariciones
Chilpancingo, Gro., 26 de agosto. En el municipio Atoyac de Alvarez, en la Costa Grande de Guerrero, familiares y víctimas de la guerra sucia de los años setenta y ochenta, encabezados por Tita Radilla, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México (Afadem), exigieron al gobierno federal que reconozca su responsabilidad en 45 casos de desapariciones forzadas cometidas por los gobiernos priístas de esa época, y anunciaron la realización de movilizaciones a Los Pinos.
Mario Solórzano Betancourt, director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), anunció que antes de que concluya este año los casos mencionados serán llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que esta instancia emita un informe de fondo.
El anuncio se hizo al comenzar la campaña Crímenes de Estado y desapariciones forzadas: nunca más, que impulsan 14 organizaciones de derechos humanos y que comenzó el sábado y durará este mes.
El abogado explicó que el caso de Rosendo Radilla Pacheco –un líder comunitario amigo de Lucio Cabañas que componía corridos sobre la lucha social de entonces– abrió la puerta para el enjuiciamiento al Estado mexicano por delitos de lesa humanidad en el ámbito internacional.
Radilla fue detenido en 1974 y su caso fue llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las procuradurías de Justicia de Guerrero y a la General de la República, así como a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, pero, a pesar de todas las evidencias documentales oficiales de que fue detenido por militares y encerrado en un cuartel, ninguna autoridad ha dado respuesta sobre qué pasó con él.
Sin embargo, haber conseguido la admisión del caso en la CIDH significa que puede seguirse el mismo procedimiento con otros más, para demostrar que el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos, por lo que se arma el paquete de varios expedientes.
Sobre el caso de Rosendo Radilla, su hijo Rosendo Radilla Martínez, entrevistado vía telefónica, recordó que en 1974 detuvieron a su padre: “yo tenía 11 años cuando en un retén militar detuvieron a mi papá, y en esa ocasión él les preguntó a los soldados de qué se le acusaba, y uno de ellos respondió ‘tú compones corridos’, y mi padre les respondió ‘¿y eso es delito?’, y el uniformado le contestó: ‘no, pero mientras ya te chingaste...’”
Relata: “íbamos hacia la ciudad de Chilpancingo cuando fuimos detenidos en un retén militar instalado cerca de la colonia Cuauhtémoc; a mi padre lo bajaron los militares y lo retuvieron en una parota que en ese momento existía. Una de las situaciones que el pueblo de Atoyac sufrió fue la represión a gente visionaria, que buscaba en aquel tiempo la democracia”.
Radilla Martínez consideró que las exigencias de aquellos tiempos son iguales a las de hoy: “creo que muchas de las demandas de estos desaparecidos, de los muertos de aquellos tiempos, siguen vigentes en Guerrero, y nuestro gobierno ha hecho caso omiso por resolverlas”.
Por su parte, la universitaria Alejandra Cárdenas –sobreviviente de la represión de aquellos años, y ahora dirigente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales– llamó a rescatar la dignidad de los desaparecidos y a exigir que el Estado reconozca su responsabilidad en esos crímenes.