En junio, autoridades veracruzanas le sembraron arma
Recapturan a miembro de la otra campaña
Colectivos de la otra campaña en el estado de Veracruz denunciaron que este sábado fue detenido nuevamente uno de los 10 campesinos nahuas del municipio Ixhuatlán de Madero, en la región Huasteca, capturados en el nuevo poblado Diez de Junio el pasado 14 de junio, encarcelados en Villa Aldama y liberados bajo caución tres semanas después.
Basilio Villa Antonio, de 31 años, fue reaprehendido frente a su casa, en Lomas del Dorado, por hombres que lo secuestraron en una camioneta, cerca de las 18 horas del 25 de agosto. Villa Antonia y su esposa regresaban del río cuando dos hombres lo jalonearon y subieron a una camioneta sin placas, “sin darle tiempo siquiera a vestirse, ya que venía con un short azul, sin camiseta, con chanclas y sin lentes”, señalan sus compañeros de la otra campaña.
Los individuos que, sin identificarse, se lo llevaron, iban acompañadas por dos hombres en otra camioneta. Ambos vehículos lo estaban esperando. Ya habían circulado por el pueblo interrogando a la población. El mismo día también intentaron detener a Antonio Santiago Hernández, pero en este caso mostraron a sus familiares, a quienes jalonearon e intentaron capturar, unos papeles, probablemente órdenes de aprehensión, en los cuales la esposa de Antonio Santiago reconoció la foto de su marido.
La mujer afirma que ella y el cuñado de Antonio fueron amenazados con un arma larga; “una metralleta”, dijo. Los presuntos agentes argumentaron que buscaban a cinco campesinos acusados de “portación de arma”. Antes de intentar detener a Santiago, sus familiares aseguran que los desconocidos se acercaron con engaños, tratando de hacerse pasar por “parientes”. Iban vestidos de civiles y en camionetas sin placas.
Los campesinos de Lomas del Dorado aseguran que los captores pertenecen a la Agencia Federal de Investigación. Este domingo fue localizado Basilio en el penal de Tuxpan.
Diez indígenas de la organización Dorados de Villa se encuentran libres bajo fianza, tras su detención y la de un observador de derechos humanos el pasado 14 de junio. Además de la acusación de “despojo” por haber invadido tierras de la poderosa familia Faisal, cuya propiedad reclaman los campesinos desde hace décadas, éstos declararon que al llegar entonces al penal de Villa Aldama “les dieron unas armas que ellos jamás habían portado, los obligaron a tomarlas y los fotografiaron con ellas”.
De hecho, en su primera declaración ante el agente del Ministerio Público de Chicontepec, que se trasladó hasta Perote para interrogarlos, ninguna pregunta se refería a dichas armas, pero luego de sembrárselas para incluirlas en un expediente “armado a modo”, como documentó entonces su defensa, les atribuyeron lo siguiente: Alicio Martínez Cruz (escuadra 9 milímetros), Antonio Santiago Hernández (escuadra calibre 380), Pedro Gutiérrez Hernández (pistola calibre 22), Severo Antonio Hernández (revólver Bulldog calibre 38), Basilio Villa Antonio (pistola de plástico color cobre con negro, “tipo encendedor”, o sea, un juguete).
De este modo, el gobierno veracruzano reactiva el caso más escandaloso de violación a los derechos humanos e indígenas por las policías estatal y federal desde que Fidel Herrera Beltrán ocupa el Ejecutivo de la entidad.