Fiscalía especial no concluye los casos Cacho y Atenco
Abiertas, 69 indagatorias por violencia de género; consignan 3
En año y medio de existencia, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) ha iniciado 69 averiguaciones previas, y supuestamente tres de ellas han sido puestas a consideración de un juez, sin embargo ninguno de esos casos ha sido difundido oficialmente por la Procuraduría General de la República (PGR).
En su primer año de existencia la Fevim ejerció un presupuesto de más de 27 millones de pesos, informó la dependencia.
En respuesta a la solicitud de información 0001700131607, tramitada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la PGR indicó que del 16 de febrero de 2006 al 10 de julio de este año, la fiscalía que dirige Alicia Elena Pérez Duarte ha “iniciado 69 averiguaciones previas por hechos presuntamente constitutivos de delitos en agravio de mujeres en el país, de las cuales se han consignado tres”.
Sin embargo, en la respuesta dada en el oficio DGPDSC/UEAI/393939/2007, la PGR aseguró que la Fevim “no es la instancia competente para informar” el número de órdenes de aprehensión obtenidas y si se ha dictado algún auto de formal prisión en esas tres consignaciones.
Ante la negativa de la Fevim a informar esos datos estadísticos que de ninguna manera ponen en riesgo la confidencialidad de las indagatorias que realiza, se promovió un recurso de inconformidad que está pendiente de resolverse en el IFAI.
De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, tan sólo en 2006, la Fevim gastó del 16 de febrero al 31 de diciembre un total de 27 millones 778 mil pesos, y para este año tiene un presupuesto autorizado de 23 millones 600 mil pesos.
Cabe recordar que en noviembre de 2006, la fiscal Pérez Duarte rindió su primer informe de labores y en ese entonces se afirmó que la Fevim ya tenía 13 denuncias ratificadas, entre ellas, la correspondiente a las violaciones de garantías individuales de habitantes de San Salvador Atenco, las cuales, dijo, serían llevadas “hasta sus últimas consecuencias”.
Asimismo, señaló en su informe de actividades 2006 que en ese entonces el asunto de la periodista Lydia Cacho era “un caso relevante y paradigmático por tener dos vertientes que requieren especialidades ministeriales distintas: violencia de género y libertad de expresión, y por estar vinculado a un problema nacional: el abuso sexual y trata de personas menores de edad”.
En aquel mes la funcionaria refirió que “si se pudiera medir el grado de avance de la indagatoria, podríamos señalar que es de 95 por ciento”, sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer la conclusión de la indagatoria.