Yucatán y los derechos humanos
Unos días antes del primero de agosto de 2007, fecha en la que dejó la gubernatura de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, publicó en el Diario Oficial del Gobierno de Yucatán el decreto 791. En él se asigna a sí mismo y a algunos de sus funcionarios vinculados con el combate al crimen organizado una escolta vitalicia a cargo del erario.
El decreto establece que el ex gobernador tendrá, por lo menos, tres escoltas escogidos por él mismo, además de armamento adecuado y sistemas de comunicación. Por supuesto, no lo consultó con el Congreso local porque “es potestad exclusiva del mandatario”.
Investigando los motivos del decreto, un periodista preguntó: “¿Tiene miedo, señor gobernador?
“–Ya lo dije: por si se requiere –respondió molesto y azotó la puerta de su camioneta.”
Ese es el tamaño del miedo de Patrón Laviada. Ese gesto sintetiza y perpetúa su administración. Durante su gestión, sus dos procuradores, en vez de perseguir al crimen organizado, le dieron protección; en vez de acabar con la impunidad de funcionarios públicos y familiares cercanos al titular del Ejecutivo, los solaparon.
Promotor de la candidatura de Felipe Calderón, nieto de la “casta divina” formada durante el porfiriato por los hacendados yucatecos, sobrino del banquero Roberto Hernández, empresario que no pasó de estudiar la secundaria, coordinador de Amigos de Fox en su estado, llegó a la gubernatura para restaurar los privilegios de la antigua oligarquía henequenera. Lo logró montado en el hastío ante el caciquismo priísta, la “ola foxista” y la consolidación del conservadurismo panista en el estado.
Derrotado su candidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patrón Laviada aguarda el momento en el que su tío lo haga nombrar secretario de Turismo. No importa que quienes lo han tratado lo describan como un personaje intolerante, inculto, incapaz, grosero y tonto. Es insustancial que las arcas públicas hayan terminado con números rojos. Lo primordial es que, como demostró durante sus seis años de gobierno, ayudó a hacer buenos negocios a sus amigos.
Patrón Laviada instaló en la entidad un gobierno comandado por una derecha facciosa y una administración cuasi-policial. Durante su mandato floreció el nepotismo, el cuatachismo y el tráfico de influencias en todas las instancias de poder. Parientes, compadres y amigos fueron favorecidos con prebendas y canonjías a costa del gobierno. Los recursos enviados con el único fin de atender desastres naturales para atender a los damnificados del huracán Isidoro fueron utilizados para formar clientelas electorales.
Oscurecida por las graves violaciones a las garantías individuales perpetradas en lugares como Atenco y Oaxaca, la situación de los derechos humanos en la entidad es lamentable: un promedio de 54 quejas mensuales por violaciones a los principios constitucionales, según Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Los principales hechos violatorios fueron: prestación indebida de los servicios públicos, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y violaciones al derecho a la integridad. Sintomáticamente, ningún funcionario fue sancionado por ello.
El organismo de derechos humanos Indignación caracterizó el periodo de Patrón Laviada como “La hacienda restaurada”. En el magnífico y documentado balance que efectuó sobre esa administración constata la continuidad del proyecto económico del PRI y el PAN en la entidad y afirma que se despojó a la gente “no sólo de sus derechos, sino de la posibilidad de verlos algún día garantizados, intentando arrebatar incluso su futuro”.
El equipo Indignación documentó durante 2001-2007 varios casos de represión al pueblo maya relacionados con el despojo de tierras y territorios. Lo mismo sucedió con expresiones de descontento juvenil. La intolerancia del conservadurismo regional sentó allí sus reales. “En Yucatán –aseguran los defensores de las garantías individuales– se criminalizó la protesta, la diferencia, la pobreza, la juventud, el ejercicio de derechos e incluso la defensa de éstos, mientras permanecen impunes quienes son responsables de violaciones a los derechos humanos.”
No se pudo ocultar el despojo y especulación de tierras campesinas destinadas a la construcción de un aeropuerto. Varios campesinos de Poxilá y los ejidos de Hunucmá y Umán, que denunciaron el atraco, resultaron encarcelados. También fue patente la salvaje represión que sufrieron 48 jóvenes –entre ellos varios menores– que protestaban pacíficamente en la ciudad de Mérida contra la visita de George W. Bush. Fueron detenidos arbitrariamente en la Plaza Grande por cientos de agentes de las Policía Municipal y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado, golpeados, maltratados, llevados a la cárcel e incomunicados.
Expresión de la ultraderecha empresarial, el gobierno de Patrón Laviada elaboró un discurso político elemental, reiterativo, lleno de adjetivos, obsesionado por el orden. “El Patronato –asegura “la hacienda restaurada” refiriéndose al periodo del ex mandatario– intentó neutralizar e ignorar el compromiso del Estado con los derechos humanos dándoles un breve espacio y desentendiéndose del compromiso de su plena vigencia.”
El informe sobre Yucatán elaborado por Indignación muestra que las violaciones a las garantías individuales en México no se limitan a unas cuantas entidades, sino que abarcan casi toda la República. Presenta asimismo el contexto que permite explicar por qué el hoy ex gobernador se asignó una escolta vitalicia. Evidencia, además, el poco respeto que los “decentes” gobiernos de Acción Nacional en todo el país tienen hacia los derechos humanos de los de abajo.