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Despojo y represión
 
 

Francisco López Bárcenas

Cuentan las crónicas de los conquistadores del siglo XVI que cuando las tropas españolas invadieron las tierras que hoy forman el continente americano, antes de atacar militarmente a los pueblos originarios buscaban conferenciar con ellos para convencerlos de la imposibilidad de salir triunfantes en una confrontación bélica. Si los conquistadores lograban someter a los dueños de las tierras ahí terminaba el problema, pero si la resistencia de aquellos era fuerte, entraban en acción los militares y si no era suficiente, lo hacía la iglesia, para convencerlos del pecado de oponerse a la voluntad divina, por el cual podían ser duramente castigados.

Ahora los mecanismos de despojo son más refinados. El capital transnacional no necesita invadir los territorios nacionales donde se encuentran los recursos que se propone saquear porque sus propios gobiernos les allanan el camino; y si sus habitantes oponen alguna resistencia entran en acción los cuerpos policiacos. Claro, la cosa no se presenta tan descarada. Antes de recurrir a esos métodos utilizan otros por los cuales los despojados a veces no sienten tanta repulsión, porque de tanto escucharlos les parecen buenos: el desarrollo y el Estado de derecho. El abuso que se ha hecho de estos conceptos tan dúctiles permite su utilización en cualquier sentido, sin que sus usuarios se preocupen por aclarar lo que quieren decir con ellos. ¿Para qué? si entre menos claro sea lo que con ellos se expresa menos compromisos generan.

Así, en los últimos años venimos escuchando que el gobierno impulsa megaproyectos para "promover el desarrollo" de los habitantes de las regiones donde se implementan, entre ellas las de los pueblos indígenas. Arropados en el discurso del desarrollo se impulsa el Plan Puebla Panamá, el Corredor Transístmico, y el Corredor Biológico Mesoamericano, entre los más sonados, pero junto a ellos hay planes turísticos que los despojan de su patrimonio cultural y sus playas. Estos planes y programas son la expresión concreta de las nuevas formas de despojo del capital. Por eso cuando la gente se da cuenta que los mentados megaproyectos la perjudica, reacciona, se organiza y protesta. Entonces los gobernantes y los dueños del capital idean formas de someter a los inconformes, ofrecen beneficios a los líderes para que abandonen la lucha y se pasen de su lado, y simulan tener voluntad de respetar algunos de los derechos violados, siempre y cuando no pongan en peligro sus planes. Si todo eso no resulta suficiente, reprimen. Es entonces cuando entran en juego las policías de todos tipos y hasta el ejército.
 

Ésa es la realidad que vienen viviendo los pueblos indígenas desde las reformas neoliberales del salinismo hasta la fecha, y que cada día que pasa se profundiza más. La misma que padece gran parte de la sociedad mexicana. En los años recientes quedan como constancia de ella la represión a los altermundistas en Guadalajara, ordenada por el hoy secretario de Gobernación cuando era gobernador de ese estado; la instrumentada contra los opositores a la minera San Javier, en San Luis Potosí; la de los ejidatarios que luchan contra la presa La Parota, en Guerrero; la sufrida por los habitantes de San Salvador Atenco, por oponerse a que en sus tierras se construyera un aeropuerto; la de los habitantes de Montes Azules, en Chiapas que se oponen a que sus recursos naturales sean saqueados; la que sufren los rarámuris, en Chihuahua, por oponerse al saqueo de sus bosques; la desatada contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, por exigir que se vaya el gobernador...

Desde el Estado justifican el uso de la fuerza apelando a que respetan el Estado de derecho, cuando en realidad lo que defienden es el derecho del Estado. Lo anterior no es un simple juego de palabras: una se relaciona con la aplicación que el Estado hace sobre los ciudadanos de las leyes que éste crea para su protección, mientras la otra nos remite al sometimiento de los órganos estatales a su propio derecho, donde las leyes regulan y controlan el equilibrio de los poderes estatales y los actos de los gobernantes, exigiendo además que las leyes sean creadas atendiendo a procedimientos de participación popular y con respeto a valores sociales y derechos fundamentales. En otras palabras, el Estado de derecho debe ser el medio para limitar la actuación de los gobernantes, no de los gobernados.

Pero en la actualidad las cosas funcionan al revés. Los ciudadanos se movilizan porque sienten que el Estado no respeta sus derechos y éste, en lugar de corregir el yerro, opta por la represión.

Cada día es más fuerte la movilización policiaca y militar en las calles para detener inconformidades sociales, pero también se ve con alarma el aumento del paramilitarismo y la inducción de conflictos intercomunitarios, que resulta otra forma de represión. Como consecuencia de estas políticas represivas, aumenta la violación de los derechos humanos, hecho que han constatado los organismos nacionales e internacionales, sin que los gobernantes den muestras de que les quite el sueño.
 

La salida del ejército a las calles resulta del todo inconstitucional, porque la Constitución Federal expresamente determina que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Esta prohibición no ha sido obstáculo para que el Presidente de la República creara en días pasados el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el objetivo de proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación.

Pero si la participación del ejército para contener las protestas sociales resulta jurídicamente inconstitucional y socialmente grave, la creación de grupos paramilitares coloca a quienes los promueven fuera de todo Estado de derecho y por lo mismo en el terreno de la delincuencia. No hay, no puede haber, un argumento legal que apoye tales actividades y si se hacen sólo es con la finalidad de no involucrar directamente a las fuerzas armadas, pues siempre existe el riesgo de que sean descubiertas y exhibidas públicamente, con lo cual el Estado que lo ordena se deslegitima más. Desgraciadamente es una práctica que se ve cada día con más frecuencia en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Frente a estos hechos a los pueblos no les queda otra opción que la resistencia al despojo y la represión. Como en los tiempos de la Conquista. Pero la situación es muy anómala y mal haríamos en acostumbrarnos a ella. Le tocaría a las autoridades corregir el rumbo, sujetando sus actos a los mandatos de las leyes y tratando a los ciudadanos como sus representados, no como súbditos a los que hay que someter. De no hacerlo, el gobierno corre el riesgo de que poner a los pueblos indígenas y la sociedad en general en una situación en que, apelando a su derecho de legítima defensa, tengan que protegerse del Estado porque éste no respeta los derechos ciudadanos, que son una de sus principales razones de ser.