Ambos partidos coinciden en dejar fuera de la CETU los salarios y prestaciones sociales
PRI y PRD insisten en que no habrá un periodo extraordinario para reforma fiscal
Entre las bancadas de PRI y PRD definitivamente existe el consenso de no convocar a un periodo extraordinario de sesiones para debatir y evaluar la reforma fiscal del Ejecutivo federal, por lo que será en el próximo periodo ordinario cuando se evalúe y apruebe el dictamen correspondiente, señalaron por separado el perredista Antonio Soto Sánchez y el priísta Horacio Garza, ambos secretarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
En tanto, Daniel Ludlow Kuri, diputado del PAN, aseguró que hay coincidencias con las otras bancadas en los puntos centrales de la reforma hacendaria, y en el caso de la contribución empresarial a tasa única (CETU) dijo que es probable cambiarle el nombre, lo relativo al manejo de los inventarios, las inversiones y la exención a las instituciones educativas, los salarios y la seguridad social.
Sin embargo, el perredista Soto Sánchez precisó que los acuerdos sobre esa reforma en la Cámara de Diputados se formalizarán en el dictamen que elabore la Comisión de Hacienda, el cual podría estar listo en septiembre o en octubre próximos.
Destacó que entre esos partidos existe coincidencia en la necesidad de exentar de la CETU los salarios y prestaciones sociales, a las maquiladoras y donativos de asociaciones filantrópicas cuyos recursos sí sean transparentes y apoyen causas nobles de la sociedad.
Adelantó que su partido también analiza hacer viable la deducibilidad de impuestos a las remesas que envían los mexicanos que radican en Estados Unidos. Para ello, dijo, se revisarán los mecanismos, para evitar que los connacionales paguen el impuesto por sus depósitos y que “nos metan goles con depósitos de recursos ilícitos disfrazados de remesas”.
Sobre el impuesto contra la informalidad (ICI) comentó que se trata de una medida correctiva para el comercio informal, y del gravamen propuesto por el Ejecutivo para los aerosoles refirió que se eliminará, porque “es simbólico y no hay argumentos válidos que lo justifiquen”.
En cuanto a la propuesta del Ejecutivo para la entrada en vigor del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el propósito de que sea el organismo que califique los programas del gobierno federal, dijo que no es viable y podría generar dificultades, pues es un órgano para “autoevaluarse y eso es sospechoso e inaceptable en estos tiempos de transparencia”.
En cambio, consideró, se tendrán que fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Poder Legislativo, con el propósito de que sea el único ente fiscalizador del uso y destino de los recursos del erario federal, así como de los programas y políticas públicas.
El priísta Garza Garza coincidió en que los consensos entre su partido y el PRD son fundamentalmente sobre la CETU, la cual calificó como el impuesto “más polémico” de los propuestos, porque no exenta salarios ni prestaciones sociales.
En ese tema, detalló, ya se tiene 90 por ciento de consenso para modificar la ley; los cambios que se llevarían a cabo tienen el propósito de no afectar el empleo ni a las empresas.
Para las instituciones de beneficiencia pública, dijo, se han propuesto “varios candados”, con la finalidad de que sólo queden exentas del gravamen aquellas cuyos donativos sean transparentes y estén debidamente justificados para causas sociales.
Comentó que en nuestro país existen unas 40 mil instituciones y organismos que se dedican a la beneficiencia pública, mientras que en Estados Unidos hay dos millones, y de “todos modos se vigila quiénes sí y quiénes no cumplen”.
En tanto, el legislador panista destacó que su partido está abierto a la discusión, y llamó a los partidos a no complicar el tema, sino a encontrar coincidencias y plasmarlas en un solo documento.