Está otorgándole un certificado de impunidad: Limeddh

ONG: la inacción de PGR "legitima" a Ulises Ruiz

El Protocolo de Estambul es letra muerta en México

VICTOR BALLINAS

La actitud pasiva de la Procuraduría General de la República (PGR) frente al conflicto en Oaxaca es una manera de "legitimar" al gobernador Ulises Ruiz y extenderle un certificado de impunidad, seguró el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez.

El activista rechazó de esta forma las declaraciones del subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la dependencia, Juan de Dios Castro Lozano, quien en la semana aseveró que los poderes de la Unión no pueden remover a ningún gobernador, aunque haya violado la ley.

Por su parte, Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que lo dicho por el funcionario "es una confesión de parte de que hay serios problemas y graves violaciones en esa entidad", como han sostenido organismos defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros.

Por separado, ambos activistas coincidieron en señalar que el gobierno federal no ha actuado, no ha investigado y ahora intenta dejar en manos del PRI la destitución del mandatario de Oaxaca.

Adrián Ramírez subrayó que "es obligación del Ejecutivo proteger los derechos humanos de la población en todo el país, y corresponde a la PGR investigar los delitos de desaparición forzada, tortura y tratos crueles y/o degradantes".

En tanto, Edgar Cortés aseguró que "es una confesión del gobierno asumir lo que todos sabemos: que en Oaxaca hay serios y graves problemas; me parece inadecuada la justificación (de Castro Lozano) a la falta de acción de la autoridad federal.

"Es mentira que el gobierno federal, a través de la PGR, no pueda investigar las violaciones a los derechos humanos en aquella entidad. La tortura es un delito de lesa humanidad y hay una ley federal para consignarla; en tanto, la desaparición forzada también es una violación de esas características y corresponde a la PGR atraer las indagaciones. Hasta ahora hay una falta de acción del gobierno en este caso, lo que perpetúa la impunidad y mantiene en el poder a Ulises Ruiz."

El mismo lenguaje oficial

Por su parte, el titular de la Limeddh, sostiene: "el subprocurador Castro Lozano no habló a título personal; lo hizo a nombre de la PGR y su lenguaje es acorde con lo que han dicho el presidente Felipe Calderón, el procurador general de la República y el secretario de Gobernación, en el sentido de que la investigación por violaciones a los derechos humanos corresponde realizarla a las autoridades de Oaxaca: es como si dijeran que no nos corresponde (a las ONG) defender los derechos humanos de los mexicanos".

Para apuntalar su argumento de que el Ejecutivo es renuente a garantizar la protección de las garantías individuales, pese a las exigencias de la comunidad internacional, Adrián Ramírez insistió que "el Protocolo de Estambul, del que tanto se enorgullece la PGR, sólo ha servido para ocultar la tortura.

"Cuando ellos lo invocan, son ellos los que lo aplican, los que investigan y los que sancionan; desde su aparición (del protocolo) no ha habido una sola persona consignada por tortura. Es como un libro de magia, en el que ese delito se hace invisible. Cuando nos ha sido posible demostrar que hay lesiones físicas o sicológicas, los peritos de la PGR desaparecen la tortura de sus investigaciones."

Cortés va más allá y sostiene que el gobierno federal debe atraer las indagaciones de tortura, desaparición y de los comicios en Oaxaca. "De esa manera tendría posibilidades de determinar la responsabilidad del gobernador."