Permitirá captura y conversión de carbono; el país podrá expedir certificados de emisiones bajas
Probarán en Los Tuxtlas plan para reducir gases de efecto invernadero
El proyecto de la Conafor y la Conanp abarcará 15 mil hectáreas de 27 ejidos de Veracruz
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Parte de la selva alta en el ejido Santa Rosa Abata, del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. La anterior es una de las zonas incluidas en el programa de captura y conversión del dióxido de carbono en materia orgánica
Foto: Andrés Timoteo
San Andrés Tuxtla, Ver., 17 de agosto. Las comisiones Nacional Forestal (Conafor) y la Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) eligieron a la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, para desarrollar un programa piloto de captura y conversión de carbono, que contribuya a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI).
La medida permitirá al gobierno mexicano expedir certificados de emisiones reducidas de carbobonos o biomasa forestal, que es la cantidad de materia orgánica producida en un área de la superficie terrestre, o por bosques y selvas en este caso.
Los carbobonos serán colocados en el mercado internacional por el Banco Mundial (BM) y serán comprados por países desarrollados que no lograron cumplir sus metas para desarrollar programas de reducción de GEI en sus territorios.
El proyecto pretende aplicarse en 15 mil hectáreas de 27 ejidos localizados en la zona selvática de Los Tuxtlas, y en un plazo de cinco años podrían emitirse los carbobonos por 4 mil millones de dólares que ampararían hasta 800 mil toneladas de carbono capturado y convertido en biomasa.
Representantes del BM, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Conafor recorrieron los ejidos Adolfo Ruiz Cortines y Santa Rosa Abata, ubicados en la reserva de los Tuxtlas, antes de la integración del proyecto que será presentado el 4 de septiembre para concursar por el financiamiento, que consta actualmente de un fondo de 28 mil millones de dólares.
Ricardo Hernández, representante de Bio Carbon Fund, del BM, recordó que México, como integrante del Protocolo de Kyoto, es uno de los países que no forman parte del llamado Anexo 1, que incluye a las naciones desarrolladas obligadas a reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero hasta en 5.2 por ciento -respecto a los niveles de 1990-, antes de 2012.
Recordó que los países desarrollados que no logren cumplir sus metas de reducción de gases de efecto invernadero están obligados a desarrollar alternativas para compensarlo, entre ellas la compra de carbobonos emitidos por naciones en vías de desarrollo que aplican medidas de conservación forestal, reforestación de espacios y conversión del dióxido de carbono en biomasa.
El BM "es un intermediario, es la instancia en la que se depositan las aportaciones de los países desarrollados -actualmente de 28 mil millones de dólares-, la que revisa proyectos y ayuda a su supervisión técnica".
Así, con un proyecto de captura de carbono y su conversión en biomasa, México puede acceder a financiamiento internacional para desarrollar proyectos de captura de carbono y colocar certificados que garanticen el proceso en el mercado internacional.
Leonel Iglesias Gutiérrez, gerente de Servicios Ambientales del Bosque, dependiente de la Conafor, citó que el 4 de septiembre se presentará ante el BM el proyecto para la captura de carbono y emisión de certificados de emisiones reducidas en 15 mil hectáreas distribuidas en 27 poblados, en su mayoría indígenas.
Para ello, la Conafor presentará en diciembre su inventario de zonas forestales, tasadas también en la cantidad de biomasa existente, para que en 2013 se efectúen los estudios técnicos que evalúen el incremento de carbobonos para medir la cantidad de carbono capturado.
El objetivo, precisó la Conafor, es que este programa se reproducirá posteriormente en el sur-sureste del país, principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Puebla, donde hay un gran potencial para la captura de carbono y la emisión de certificados en el ámbito internacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo, la Federación señala la necesidad de ubicar bajo decretos de áreas naturales protegidas a 3 millones de hectáreas, además de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo podría colaborar en proyectos de al menos 120 mil hectáreas.