Los cambios, para evitar que se repitan agresiones físicas y sexuales contra mujeres
Propondrá el PAS reformas a la Carta Magna para acotar el fuero militar
Documentados, 60 ataques a féminas indígenas, campesinas y urbanas: diputada Arvizu
Ante el gran número de agresiones sexuales documentadas que se han cometido en los últimos 14 años contra mujeres indígenas, campesinas y urbanas por efectivos policiacos y militares -principalmente en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca-, la fracción parlamentaria del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) anunció la presentación, en el próximo periodo ordinario de sesiones, de una iniciativa de reforma al artículo 13 constitucional para revisar el fuero de las fuerzas militares.
Al detallar que esta iniciativa nació para evitar que se repitan agresiones sexuales y físicas cometidas, por ejemplo, hace más de un año por elementos militares en contra de 13 trabajadoras de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, la legisladora federal Marina Arvizu informó que propondrán la creación de un fondo de compensación con recursos federales y estatales para resarcir parte del daño a este grupo de mujeres.
Lamentó que a poco más de un año de las agresiones en contra de éstas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no haya emitido aún una recomendación.
En conferencia expuso que el artículo a modificar actualmente limita la competencia de la jurisdicción militar para conocer de los delitos y faltas cometidos contra la disciplina castrense. De aceptarse su propuesta, dijo, la justicia civil recuperaría la competencia invadida por una norma, "la cual ha servido para perpetuar la impunidad".
"Esto demuestra que el Código de Justicia Militar se encuentra excedido en sus términos actuales, ya que la norma constitucional en ningún momento señala que un elemento perteneciente a las fuerzas armadas pueda ser juzgado bajo la jurisdicción militar por delitos del orden común, previstos y sancionados en las leyes penales locales o federales.
"Por tanto, proponemos que cuando en los delitos del orden común concurran militares y civiles, ambos sean juzgados por los tribunales del fuero común, sin perjuicio de que los primeros sean procesados ante la justicia del Ejército por los delitos contra la disciplina militar", destacó.
Agregó que ante el anuncio del gobierno federal de que el Ejército permanecerá en las calles como parte de su "guerra" para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, estas fuerzas deben ser capacitadas en materia de derechos de equidad y género.
Al respecto puntualizó que la respuesta del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ha sido favorable, "por lo que se está trabajando en la elaboración de un programa de sensibilización para las fuerzas armadas en materia de género, que a su vez fomente una cultura de paz".
La coordinadora del grupo parlamentario del PAS lamentó que en el país las denuncias de mujeres por abuso sexual sean esporádicas, "especialmente cuando los responsables pertenecen a fuerzas policiacas o militares".
"En el contexto de México, las mujeres sufren de manera específica las consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organizaciones indígenas y campesinas", destacó.
Dijo que la denuncia de violación de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, por parte de efectivos militares desplegados en la sierra de Zongolica, Veracruz, "pone en evidencia el rechazo de la población ante la presencia del Ejército en sus comunidades", y esto -matizó- "no se trata de un caso aislado".
Expuso que informes de Amnistía Internacional detallan que de 1994 a la fecha "se han documentado 60 agresiones sexuales" cometidas por integrantes de las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad pública en contra de mujeres indígenas, campesinas y urbanas.
"Más que de casos aislado cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política o de reprobación social.
"Los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla para un sistema y gobiernos patriarcales que desarrollan una guerra no declarada contra las mujeres, el movimiento indígena o la protesta social", manifestó.