Incumplimiento de la defensora de oficio
En noviembre de 2003, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán emitió la recomendación 40/2003, en la que solicita a autoridades estatales documentar la responsabilidad en que incurrió la defensora Blanca Isela Segovia Ruiz al incumplir con su función pública y dejar, en consecuencia, en el desamparo a Ricardo Ucán Seca.
Ese mismo año, el caso fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, posteriormente, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde espera trámite.
El 5 de marzo de 2007 se recabaron más de 700 firmas de adhesión de colectivos de artistas y activistas, con la participación de la actriz yucateca Ofelia Medina.
El equipo Indignación de Yucatán argumenta que Ricardo Ucán, quien privó de la vida a una persona en defensa propia, no tuvo durante su proceso jurídico un traductor-intérprete que le permitiera expresar que obró en legítima defensa.
El relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, dirigió una carta a las autoridades de Yucatán para expresar su preocupación por el caso y exhortarlas a establecer una ley de indulto que permita la liberación de indígenas que han sido sentenciados en franca violación a sus garantías.
Stavenhagen expresa que es necesario que el Poder Judicial "sancione a quienes, en uso de sus funciones, hayan violado los derechos humanos del pueblo indígena maya, como sucedió con la defensora y los juzgadores que participaron en el proceso de Ricardo Ucán Seca".
El caso de Ricardo Ucán Seca, maya condenado en un proceso injusto, ilustra el informe Injusticia e impunidad presentado ante Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano.