Plantón en el Reclusorio Norte para exigir liberaciones
Dispuesto el IPN a retirar cargos contra 8 rechazados
Al menos seis quedarían sujetos a proceso: fuentes judiciales
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Protesta en el Reclusorio Norte en apoyo a los ocho estudiantes detenidos el pasado 6 de agosto en el Instituto Politécnico Nacional
Foto: Yazmín Ortega Cortés
Un grupo de estudiantes se manifestó ayer frente a los juzgados de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Norte, para exigir al juez Augusto Mejía que ordene la libertad inmediata de ocho jóvenes rechazados que pretendían estudiar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes fueron detenidos la madrugada del pasado lunes en Zacatenco.
Al mediodía, cerca de 50 manifestantes llegaron a la explanada de los juzgados federales con pancartas de rechazo a lo que denominan "actos de represión" del gobierno del Distrito Federal y de las autoridades del IPN.
Hasta el cierre de esta edición, el juez Mejía aún estudiaba si concedería auto de formal prisión o de libertad para resolver la situación jurídica de los ocho inculpados. En tanto, los estudiantes continuaban en plantón afuera de los órganos jurisdiccionales, en espera de la resolución del juez.
Sin embargo, fuentes judiciales cercanas al caso revelaron que hasta las 18 horas de ayer, el juzgador preparaba un proyecto de resolución en el sentido de dejar sujetos a proceso penal al menos a seis de los detenidos.
La PGR imputa a los ocho privación ilegal de la libertad, motín, violación a la ley federal de armas de fuego, daño en propiedad ajena y robo.
El pasado 6 de agosto el Ministerio Público Federal consignó a Pablo Martínez Montes de Oca, Héctor Aguilar Campos, Raúl González Lucio, Isaac Castro Sánchez, Nahúm Pérez Monroy, Diego Rodríguez García, Emmanuel Saucedo Pérez y Miguel Angel Ocotitla Hernández.
En tanto, el director general del IPN, José Enrique Villa Rivera, aseguró que la institución que dirige está dispuesta a retirar los cargos que promovió contra ellos, siempre y cuando eso signifique "distender" el conflicto entre autoridades e inconformes.
Entrevistado en el contexto de la firma de un convenio de colaboración del IPN con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Villa Rivera -quien calificó como "un pequeño problema" el enfrentamiento sucedido en las instalaciones de la dirección general del Politécnico, la madrugada del pasado 6 de agosto-, justificó la petición de desalojo que la institución académica realizó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF): "juré ante mi comunidad que iba a hacer respetar la ley y que yo mismo la respetaría. Tuvimos que solicitar que la fuerza pública nos ayudara a desalojar a los manifestantes porque habían privado de su libertad al personal".
Reconoció que la carencia de oportunidades educativas a nivel medio superior es real, y que el IPN, "como ninguna otra institución del Distrito Federal, hizo un esfuerzo extraordinario para crear 5 mil lugares".
Asimismo, dijo estar dispuesto a dialogar con los inconformes y encontrar una solución al problema, pero advirtió que ésta no puede significar "decirles que sí a todo. Nos piden 700 lugares, sin más trámite, y que se los demos a su organización sin pasar el examen, pero hacerlo transgredería todas las normas de la institución".
Por su parte, el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, reveló que la tercera visitaduría de la CDHDF ya abrió un expediente por el desalojo, derivado de dos quejas interpuestas ante el organismo y en las que se denuncia que los elementos e la SSPDF se excedieron en el uso de la fuerza pública.
Se informó que fueron integrantes del Movimiento de Estudiantes No Aceptados (MENA) quienes se acercaron a la CDHDF. "no tenemos atribuciones sobre el Politécnico, que es una instancia federal, pero las denuncias no son dirigidas contra la institución; tienen que ver esencialmente con las fuerzas de seguridad".