El instituto ordena al CAPFCE hacer públicos los documentos sobre la edificación

Revoca el IFAI la reserva de los contratos de la megabiblioteca

El comité “no comprobó el daño que se causaría con la difusión de esos hechos consumados”, determina la resolución

Las autoridades deben informar de licitaciones y montos: comisionada

elizabeth velasco c.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revocó la reserva de los contratos establecidos entre el gobierno federal y la constructora Gutsa para la edificación de la Biblioteca México José Vasconcelos.

En consecuencia, ordenó al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), hacer públicos esos documentos, entre los que se incluyen el proyecto arquitectónico, el de cimentación, construcción, revisión de obras, acabados, equipamiento y otros.

De acuerdo con la resolución del recurso 1981/07 del IFAI, el CAPFCE respondió al ciudadano que solicitó copia de los contratos que no se los entregaría porque se mantendrían bajo reserva por el lapso de un año.

Entre sus argumentos, señaló que difundirlos y/o entregárselos “causaría un serio perjuicio” a las investigaciones y auditorías que sobre las irregularidades en la construcción de esa biblioteca efectúan la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Organo Interno de Control del CAPFCE.

Elementos sin acreditar

Sin embargo, en la resolución del IFAI –a cargo de la comisionada María Marván Laborde–, se asienta que el CAPFCE no fundó ni comprobó el daño que se causaría por la difusión de esos contratos, a las indagatorias que realizan esas instancias de fiscalización del gobierno federal y de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el IFAI consigna que el CAPFCE sólo “se limitó a transcribir el artículo (13 de la Ley Federal de Transparencia) que hace alusión a la información que se considerará de carácter reservado, sin señalar cómo o por qué podría causar un serio perjuicio a las actividades de verificación”.

Y aun cuando “señaló que se estaban llevando a cabo diversas auditorías, no comprobó el daño que se causaría con entregar información sobre hechos consumados como lo es el contrato en sí mismo”.

Por tanto, “no se acreditan elementos” que permitan al IFAI “determinar el daño presente, probable y específico”.

Aunque el CAPFCE alegó no tener en su poder esos documentos, porque “fueron entregados” a la unidad de auditoría de la SFP, en la audiencia a la que fueron requeridos por el IFAI, los funcionarios de ese comité presentaron la tarjeta informativa AF/34, en la cual se precisa que a la Secretaría de la Función Pública entregaron los documentos “en cuatro discos compactos de los Libros Blancos correspondientes a cuatro obras públicas, entre ellas la de la Biblioteca José Vasconcelos”.

Dado que los contratos forman parte del Libro Blanco, se “deduce (en la resolución) que si el CAPFCE los entregó en disco compacto, posee la información solicitada en formato electrónico”.

Irregularidades de Gutsa

María Marván Laborde hace énfasis en que por tratarse de una obra que fue realizada con fondos de carácter público, es obligación de las autoridades federales difundir los términos de las licitaciones y contrataciones, así como los montos que para ello se acordaron, tanto para la construcción de obras como para las prestaciones de servicios que se acuerden entre el gobierno federal y los particulares.

“sí, la publicidad de la información se convierte en un instrumento de supervisión ciudadana que puede derivar en una mayor eficiencia administrativa.”

Hay que recordar que el Congreso de la Unión ordenó desde marzo pasado la realización de las auditorías a la denominada “magna obra cultural” del gobierno de Vicente Fox.

Para este proyecto inicialmente se presupuestaron mil millones de pesos que finalmente se convirtieron en 2 mil 300 millones de pesos, además que para su culminación se entregaron otros 289 millones de pesos mediante la creación de un fideicomiso.

Además de ello, los diputados del PRD Humberto Zazueta Aguilar y Eduardo Martínez Padilla destacaron que la empresa constructora Gutsa, a la cual CAPFCE entregó la licitación para la construcción de la nave principal de la megabiblioteca, incurrió en diversas irregularidades que se constataron al encontrarse “severos daños” en las obras.

De acuerdo con los legisladores, Gutsa es integrante de un selecto grupo de corporativos del ramo de la construcción que tiene el mayor número de contratos de obra pública en el país, tanto de la iniciativa privada como de los gobiernos federal y estatales.

Además, ha sido beneficiaria del Fideicomiso para el Apoyo de Rescate de Autopistas Concesionadas y del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Otras obras millonarias que fueron concesionadas a Gutsa y en las que se encontraron deficiencias e irregularidades son la Autopista del Sol y la torre del World Trade Center.