Pendiente la respuesta a petición de administrar y operar por 30 años la terminal aérea
Acepta SCT que el gobierno local se incorpore a trabajos del AICM
Tendrá voz y voto en los asuntos importantes del organismo: Avila Pérez
Se insistirá ante la dependencia federal en obtener la concesión, dice
Seguridad, primer tema en el que participará
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) incorporó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) al Comité de Operación y a la Comisión Coordinadora de Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero dejó sin resolver la petición de la autoridad local de obtener la concesión para operar y administrar, por un plazo no menor a 30 años, la terminal aérea.
En entrevista y más tarde en un comunicado, el secretario de Gobierno, José Angel Avila, precisó que con ello la dependencia federal "dio respuesta afirmativa a dos de los tres planteamientos hechos en junio pasado", e indicó que si bien ven con beneplácito la disposición de las autoridades federales del ramo, insistirán en que no se pierda de vista la necesidad y la conveniencia de que la administración le sea transferida al gobierno local a través del mecanismo que legalmente sea más viable.
"El GDF no puede permanecer ajeno a participar en la administración y operación de una de las instalaciones estratégicas de vital importancia, como es el aeropuerto de la ciudad", puntualizó.
En su petición por escrito, el gobierno capitalino argumentó que se encontraba listo no sólo para comenzar a operar la terminal aérea, sino para invertir alrededor de mil millones de pesos en acciones que permitan incrementar su capacidad de operación, como la construcción de una tercera pista.
En el planteamiento, también se dijo que con el cambio de dueño, la administración capitalina dejaría de subsidiar al aeropuerto, porque actualmente no paga predial y tiene adeudos en materia de agua por 143 millones de pesos, aunque de ello, sólo se acordó la instalación de un grupo de trabajo para revisar el pago del impuesto predial.
Avila detalló que fue la semana antepasada cuando la dependencia federal, por medio del subsecretario de Telecomunicaciones y Transportes, Manuel Rodríguez Arregui, respondió al oficio enviado por el gobierno capitalino, y señaló que respecto a la integración de éste a la Comisión Coordinadora de Autoridades, acudió a una primera reunión el director general de Gobierno, Pablo de Antuñano.
Ahí participan un representante de la Secretaría de la Función Pública, integrantes de la Agencia Federal de Investigación, Policía Federal Preventiva, el Centro de Información y Seguridad Nacional, el Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Protocolo del Aeropuerto y el Sistema de Operación Integral Aduanera.
Informó que la autoridad local se incorporará a los trabajos de la comisión consultiva en la próxima sesión, a celebrarse a finales de agosto, en la que solicitará a las autoridades federales los detalles sobre la terminal de carga que se proyecta construir en el estado de Hidalgo, para hacer un planteamiento al respecto.
Esta comisión tiene como principal función analizar las propuestas que la dirección del aeropuerto formula y se ven desde diferentes ángulos, y "ahí tendremos que dar nuestro punto de vista sobre cualquier decisión que se tome, aunque no sea en esta entidad federativa", refirió.
Avila indicó que hay muchos ámbitos que en relación al aeropuerto de la ciudad el gobierno capitalino debe opinar y en su caso tomar acciones, por ejemplo, las vialidades en su entorno, la contaminación del suelo y del subsuelo, así como la seguridad de quienes ingresan y salen por esa vía de la ciudad de México.
De hecho, precisó que uno de los principales temas a tratar en el seno de la comisión es el relacionado con la seguridad de la terminal aérea y sus alrededores, así como los mecanismos de coordinación que se pondrán en marcha entre las autoridades federales y el gobierno capitalino.
Inclusive, informó que como resultado de los primeros acercamientos se realizó un operativo por parte de las secretarías de Transporte y Vialidad y de Seguridad Publica en la zona a fin de inhibir la presencia de taxis piratas, gracias a lo cual se retiró una base ubicada en bulevar Aeropuerto, en los límites con la zona federal.
Otro de los asuntos será establecer parámetros de coincidencia entre la Ley de Cultura Cívica y los ordenamientos federales, a fin de tener un catálogo de faltas administrativas y de violaciones a la ley.