Sin revisar antes los términos del TLCAN, nada se va a lograr, sentencia Gabriel Retes

Presentan iniciativa de ley para fomentar el cine en la capital

Reúne a la comunidad cinematográfica el proyecto del diputado Tomás Pliego

Pondría orden en la forma de rodar películas y fomentará la exhibición de cintas nacionales

TANIA MOLINA RAMIREZ

Se trata de poder contar historias verdaderas o ficticias en las calles de nuestra ciudad con mayor libertad, poder llevar estas historias a los chilangos. Un primer paso para lograrlo -plantearon integrantes de la comunidad cinematográfica- es la iniciativa de ley de fomento al cine mexicano en el Distrito Federal, impulsada por el legislador local Tomás Pliego Calvo.

En el Distrito Federal se filma la mayor parte de la producción cinematográfica de México y, sin embargo, no cuenta con una legislación sobre el tema.

Ayer, en el auditorio de la Sogem, guionistas, productores, técnicos, directores, distribuidores, representantes sindicales, entre otros, se reunieron con el diputado perredista para hablar acerca del anteproyecto de iniciativa de ley.

Los presentes coincidieron en que esta ley hace falta. Hubo numerosas intervenciones para opinar sobre lo que debería incluir, pero, más allá de quienes participaron en su redacción, el resto no pudo profundizar en el tema porque no conocía la última versión de la iniciativa.

Ahora está disponible en www.sogem.org.mx.

El diputado Pliego señaló que de aquí al 14 de septiembre continuarán las discusiones sobre su contenido.

Primer esfuerzo

El cineasta Gabriel Retes fue más allá y señaló que "mientras no se revise el TLCAN, nada se va a arreglar" (en cuanto a la situación del cine nacional).

El panel estaba integrado por personajes muy activos en la promoción de este sector cultural, como el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, el escritor y director Víctor Ugalde, la productora Mónica Lozano (CIE), el director Jaime Casillas, el cineasta Sergio Olhovich, Epigmenio Ibarra (de la productora Argos), y Marcela Fernández (secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica).

Entre el público de poco más de 100 personas (al menos una docena eran representantes de medios de comunicación), destacaban, por mencionar un par, Gabriel Retes y el periodista Carlos Payán.

Mónica Lozano dijo que esta ley sería la primera en su tipo en el país y que "ojalá después haya en todas las entidades". También destacó que la discusión de esta iniciativa había incluido a un amplio sector de la comunidad y que su redacción había sido un trabajo en equipo.

Varios participantes mencionaron que uno de los puntos a destacar de la iniciativa era que promovería una mayor exhibición de las cintas nacionales: "95 por ciento de las salas y las mejores fechas de exhibición, están ocupadas por material estadunidense", se lee en la iniciativa. El enfoque sería sobre todo en delegaciones que hoy cuentan con pocas salas comerciales: "Venustiano Carranza está en el tercer lugar de las demarcaciones peor equipadas del país, con 154 mil 268 habitantes por cada cine".

También se buscaría ofrecer entradas más baratas. "Sólo 10 por ciento de la población tiene posibilidad económica para asistir a las salas de cine actuales", dice el documento.

Trato de delincuentes

Por su parte, Epigmenio Ibarra pidió que la ley no se cierre a "otros medios de expresión" y que "cubra la producción audiovisual en general", inclusive aquel cuyo fin sea ser mostrado por computadora o televisión.

Por otro lado señaló que "quienes rodamos somos tratados como delincuentes". Pliego Calvo añadió que en muchos casos también son un fastidio para los vecinos, así que se tendría que lograr un equilibrio y buscar mecanismos que frenen la corrupción.

Con el fin de enfrentar algunos de los embrollos administrativos relacionados con filmar, la ley establece una ventanilla y formatos únicos, que dependería de la Secretaría de Cultura.

El hecho es que durante este mes se continuará discutiendo el contenido de la iniciativa, que se planea presentar en la Asamblea en septiembre y que se espera que pueda entrar en vigor en enero de 2008.