Sin solidez jurídica, recomendación sobre el plantón
La CDHDF se excede en sus atribuciones: dirigente del PRD
El presidente del PRD-DF, Ricardo Ruiz Suárez, afirmó que el expediente en el que se basó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para emitir una recomendación al gobierno capitalino por el plantón en Paseo de la Reforma confirma que no hubo ninguna solidez jurídica ni argumentos objetivos que llevaran a una acción de esta naturaleza, porque muchas de las quejas fueron parte de la estrategia que la derecha utilizó para ejercer presión en contra del movimiento lopezobradorista.
Constata también que el organismo defensor de los derechos humanos se excedió en sus atribuciones y fijó una posición política, lo cual resulta doblemente grave porque favoreció una visión racista y discriminatoria en contra del derecho a la libre manifestación de ideas, agregó.
Ruiz Suárez, quien se desempeñó como secretario de Gobierno en la pasada administración, recordó que antes la CDHDF había emitido una serie de medidas precautorias al respecto que fueron acatadas por las autoridades en turno, pero aun así decidió enviar una recomendación que no procedía, porque carecía de sustento legal, tal como ahora se demuestra.
"Al conocer en detalle las formas y el sentido de las quejas vemos que se ratifica lo que expresamos en su momento", reiteró, e indicó que a diferencia de otros posicionamientos adecuados, como en el caso del aborto, por ejemplo, que ha hecho la comisión, en los que ha defendido los derechos humanos, en este asunto en particular sesgó su visión.
"Esta situación la platicamos con el presidente de la comisión, Emilio Alvarez Icaza. No queremos ahora abrir un expediente de confrontación, pero los datos que salen a la luz refuerzan lo que dijimos en aquel tiempo", abundó el líder perredista.
A su vez, el dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la capital, José Narro, dijo que las quejas ratifican que la comisión hizo eco de las posturas más derechistas que existen en esta ciudad, en lugar de privilegiar el derecho a los ciudadanos a manifestar libremente sus ideas
En ese sentido, afirmó que el papel que jugó es cuestionable y al final su resolución se percibe que fue utilizada como un instrumento político de ataque y descalificación en contra de la gente que decidió expresar por la vía pacífica su inconformidad en el proceso electoral de 2006.
"La resolución ataca en sí misma a un derecho fundamental de los mexicanos que es el de la libertad de expresión, con argumentos ofensivos y discriminatorios", apuntó.
En su opinión, siempre será mejor que se manifiesten políticamente las inconformidades a tener movimientos armados en el país o acciones de violencia, y en su momento, la comisión debió valorar estos elementos y no prestarse a descalificar.