Buscan evitar que ministros vayan más allá en algún caso
Discutirán hoy en la Corte "límites" para investigar violación de garantías
El proyecto de acuerdo general que discutirán este jueves los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende evitar que las comisiones investigadoras de presuntas violaciones graves a las garantías individuales se "autorregulen" o actúen más allá de los límites que establezca el pleno.
De acuerdo con información obtenida en la SCJN, con la nueva reglamentación el pleno tendrá más control sobre las averiguaciones de los comisionados, pero también habrá la posibilidad de que el máximo tribunal formalice peticiones de apoyo a las autoridades para el buen desarrollo de las indagatorias; caso concreto sería la autorización para intervenir los teléfonos de los funcionarios bajo sospecha.
También se espera que tenga lugar una intensa discusión de la propuesta elaborada por la Comisión de Acuerdos Generales y Reglamentos (en la que participan Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela), que plantea que las comisiones realicen "actos administrativos" y que las investigaciones que realice el ministro instructor se limiten únicamente a narrar "hechos", para que posteriormente el pleno nombre a otro ministro que determine si efectivamente hubo o no violación grave de garantías individuales.
Según la propuesta, se trata de que los comisionados que conozcan en primera instancia un asunto actúen en una fase de recopilación de información y datos "duros", y que sólo después que el pleno dé su aval, se pase a una segunda fase de la investigación.
De acuerdo con fuentes consultadas, la idea principal del proyecto es evitar que se repita lo sucedido con el caso Lydia Cacho, cuando el ministro instructor Juan N. Silva Meza concluyó que el gobernador de Puebla, Mario Marín, violó gravemente las garantías individuales de la periodista.
El problema, según las fuentes consultadas, es que el ministro estableció "sus propias reglas" y una metodología que "se convirtió" más bien en una investigación judicial, con todo lo que ello conlleva.
Por eso, insistieron los entrevistados, es que el acuerdo general plantea que se fijen lineamientos para que todas las comisiones actúen de una manera homogénea, que se garantice que un proceso de averiguación en el que el comisionado no vaya "más allá" de la tarea encomendada y que no se convierta el asunto en un proceso judicial.
Sin embargo, hay ministros que consideran que con la reglamentación, la SCJN perdería la facultad de "control constitucional" que le concede la Carta Magna en casos extraordinarios cuando una autoridad rebasa sus atribuciones y viola gravemente las garantías individuales de la población. Asimismo, hay quienes consideran que si reglamentan la labor de las comisiones de investigación, en los hechos estarían violando la Constitución al legislar cuando no tienen atribuciones para ello.
Este jueves se discutirá en sesión privada este asunto, el cual tendrá como consecuencia directa el destino de las investigaciones sobre violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho, y en los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca.