La CNTE mantendrá la lucha por la derogación de la nueva ley
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que mantendrá el plantón frente a las oficinas del ISSSTE de manera indefinida, hasta que se logre la abrogación de la nueva ley del instituto, y ratificó que con ese propósito participarán de manera masiva en el paro cívico nacional que se realizará el próximo 31 de agosto, previo al primer Informe de gobierno de Felipe Calderón.
En conferencia de prensa, Artemio Ortiz Hurtado, de la sección 18, de Michoacán, en compañía de dirigentes de las secciones de la CNTE en Chiapas, Oaxaca y otras entidades, ratificaron su participación en el paro cívico nacional y anunciaron la realización del Segundo Encuentro Nacional de Dirigentes de la República Mexicana, mediante el cual buscarán la expulsión de Elba Esther Gordillo de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), además de obligar a la dirigencia a rendir cuentas acerca de los recursos que recibe del gobierno federal y del destino de las cuotas sindicales del gremio, entre otros temas.
A su vez, Leonardo Chávez, de la sección 22, de Oaxaca, informó que a partir del lunes 13 de agosto comenzarán en toda la República las jornadas de difusión sobre la lucha por la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, con cientos de brigadistas de la coordinadora distribuidos en el país.
Sobre el inicio de clases en Oaxaca, Ortiz refirió que la intervención de Gordillo en los recientes comicios efectuados en esa entidad "complican la situación; todavía vamos a analizar si se dan o no las clases, bajo qué condiciones, cómo y en dónde".
Los dirigentes magisteriales indicaron que a pesar de las "amenazas" que han recibido del subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Fernando González Sánchez, yerno de Gordillo Morales, decenas de mentores realizarán "visitas de cortesía" a sus oficinas para expresar su repudio a la nueva legislación, además de que presentarán un primer diagnóstico sobre las afectaciones a los derechos de los trabajadores y al sector salud de la institución -al agudizarse el desabasto de medicamentos, la falta de personal en clínicas y hospitales para atender a los derechohabientes, la carencia de equipo e infraestructura y otros rezagos-, con lo cual se demuestra que el presidente Calderón incumplió su promesa de modernizar el instituto.