Elabora reglamentos para evitar adquisición indiscriminada de espacios en radio y tv
Busca el IFE acotar prácticas ilegales en campañas
El Instituto Federal Electoral (IFE) elabora diversos reglamentos contra prácticas discrecionales e ilegales como las que marcaron la contienda presidencial de 2006, en particular la compra indiscriminada de espacios en radio y televisión.
El árbitro electoral se erigirá en una suerte de legislativo de sí mismo "para capitalizar lo aprendido en los comicios del año pasado", dicen los consejeros del instituto; abordará, incluso, algunos de los temas de la reforma sobre el tema que se proyecta discutir en el Congreso de la Unión.
La próxima semana, el IFE entregará a los partidos los anteproyectos de nuevas normas, entre las que se encuentra el reglamento al artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, precepto que obliga al instituto a pagar la publicidad que contraten éstos en las elecciones de 2009.
De acuerdo con el órgano electoral, existen 281 mil 28 espots transmitidos en la campaña de 2006 que no le fueron debidamente reportados.
Con base en esa experiencia, el proyecto de reglamento establece que el IFE sólo pagará aquellos promocionales que estén respaldados con documentos: contrato y órdenes de compra (pautas de transmisión) con empresas de radio y televisión.
"El objetivo es que no haya espots huérfanos, sino que estén sustentados, incluso seis meses antes de la elección. Todos los fenómenos (ocurridos en 2006) están contemplados en estos reglamentos", dijo en entrevista Marco Gómez Alcanzar, consejero electoral.
Más allá de lo que discuta y apruebe el Poder Legislativo, el IFE avanza, en su propio carril, en la integración de reglamentos con que supuestamente resolvería su actuar en temas como la "crítica negativa", esto es, el contenido de los mensajes identificados en las estrategias de guerra sucia.
Para ello, el árbitro electoral pretende retomar aspectos de la añeja Ley de Imprenta para obligar a los candidatos y partidos a evitar las injurias y la difamación en sus campañas.
En el contexto anterior, otro tema que pretende "resolver" el instituto comicial, casi un año después de la calificación de la elección presidencial, se refiere a la participación de funcionarios públicos y de "terceros" en las campañas.
Como se recordará, los avisos y acuerdos del IFE poco o nada sirvieron para detener los mensajes de funcionarios, empezando por el entonces presidente Vicente Fox, en favor de su partido; tampoco detuvieron ni sancionaron a nadie por los mensajes del Consejo Coordinador Empresarial, cuya posdata fue dirigida al perredista Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Otra de las normas en preparación, ubicada como renglón polémico, se refiere a la pretensión de dar "equilibrios mínimos" en la vida interna de los partidos, como reglas claras en los estatutos partidistas y de los requisitos indispensables para la operación y conclusión de las actividades de tales instancias.
Este elemento surge no sólo por la experiencia de 2006, sino desde los comicios de 2003, cuando se gastaron 500 millones de pesos en prerrogativas para partidos que cometieron múltiples irregularidades y, además, perdieron el registro.
El objetivo, señaló el consejero Gómez, es "prevenir el surgimiento de institutos políticos caciquiles o familiares".
Así, justificó las acciones del IFE, luego de la experiencia de 2006, así como la facultad que confiere la ley para que el árbitro electoral elabore y apruebe sus propios reglamentos.
Dijo que nunca habrá una reforma definitiva ni habrá el suficiente articulado para cubrir los sucesos que se presentan durante una campaña o jornada electoral.
En su visión, lo estipulado por el IFE el año pasado (como la tregua navideña en la campaña de los candidatos presidenciales o el acceso al secreto bancario para fiscalizar las cuentas de los partidos) constituyó un avance muy importantes, por lo que con esta tanda de reglamentos en ciernes se tomará lo aprendido en 2006, para evitar que el árbitro electoral se convierta en rehén de los partidos que resultan beneficiados o afectados por las resoluciones del Instituto.