Exige a gobiernos federal y de Guerrero reducir tensión y violencia en comunidades
Emite AI seis recomendaciones sobre La Parota
Acapulco, Gro., 4 de agosto. Amnistía Internacional (AI) emitió seis recomendaciones a los gobiernos federal y de Guerrero, así como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de que lleven a cabo medidas concretas para reducir el clima de tensión y violencia en las comunidades donde se pretende construir la presa La Parota.
Al presentar en este puerto el informe Derechos humanos en peligro: proyecto presa La Parota, el organismo advirtió acerca del riesgo de brotes de violencia ante la preparación y ejecución de la obra.
El informe, de 15 páginas, se entregó al final de la gira de trabajo realizada este sábado por una comitiva de AI, encabezada por la secretaria general del organismo, Irene Khan, a las comunidades de Tazajeras, Dos Arroyos y Los Huajes, del municipio de Acapulco, que podrían ser afectadas por la presa.
En el documento, AI manifiesta preocupación por la falta de información "completa, precisa, accesible e imparcial sobre la construcción de la obra, y el riesgo de que los inminentes desplazamientos de la población puedan constituir desalojos forzosos masivos".
En ese sentido, demanda a los gobiernos federal y estatal, así como a la CFE acatar la orden del Tribunal Unitario Agrario de suspender las obras preparatorias de La Parota, hasta que se aborden los motivos de preocupación de las personas afectadas.
En su segunda recomendación, AI plantea que se tomen medidas para "reducir el clima de tensión y violencia reinante en las comunidades en que se eregiría la obra, y garanticen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, pronta e imparcial sobre los homicidios, las amenazas de muerte y los actos de intimidación relacionados con La Parota".
Exige que los defensores de los derechos humanos y activistas comunitarios puedan desarrollar sus actividades, y que no se utilice a las fuerzas de seguridad pública para sembrar tensiones entre la población.
También pide que los pobladores afectados puedan tener una participación genuina en la toma de decisiones, informándose sobre el impacto en la construcción de la presa. "El proceso de participación debe abarcar tanto a mujeres como a hombres, y apropiado desde el punto de vista cultural", resalta.
"Que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos naturales, y protejan en el curso del desarrollo y ejecución del proyecto de la presa conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo", agrega.
El sexto lineamiento presentado es que se "apliquen las recomendaciones formuladas en relación con La Parota por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por los relatores especiales sobre los pueblos indígenas y sobre la vivienda adecuada.
Asimismo, Amnistía Internacional considera que cualquier inversionista que estudie la posibilidad de unirse al proyecto debe asegurarse de que éste no haya dado lugar a violaciones de derechos humanos, ni ocurra en el futuro.
En la introducción de su informe, resalta que la construcción de La Parota afectará a tres municipios de Guerrero, "caracterizados por tener uno de los niveles más elevados de marginación y algunos de los índices de desarrollo humano más bajos de México".
"El gobierno afirma que 2 mil 981 personas se verán desplazadas a causa de la obra. Sin embargo, organismos no gubernamentales calculan que serán 25 mil, además de que el proyecto tendrá un impacto indirecto sobre la vida de 75 mil personas", indica.