Como Ulises Ruiz, la SG cuestiona fuentes informativas de Amnistía Internacional

Rechaza el gobierno federal culpa en la crisis de Oaxaca

Khan expresa preocupación por "la inhabilidad del Estado" para atender recomendaciones

La administración calderonista otorga especial atención al respeto a los derechos humanos

FABIOLA MARTINEZ

El titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no ofreció ningún compromiso adicional a Amnistía Internacional (AI) acerca de la responsabilidad del gobierno calderonista para atender el conflicto en Oaxaca.

En cambio, el responsable de conducir la política interna del país sí preguntó a la secretaria general de AI, Irene Khan, "acerca de sus fuentes de información" del más reciente reporte de aquella entidad, en el cual el organismo advierte sobre graves violaciones a las garantías básicas, especialmente abusos de grupos policiacos, detenciones arbitrarias y torturas.

El pasado martes, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, rechazó el informe presentado por AI, y aseguró que el texto de 22 páginas "fue elaborado por consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)". El mandatario priísta consideró que el reporte es parcial e incompleto, porque sólo presenta la visión de una de las partes.

La respuesta del gobernador oaxaqueño fue rechazada por Khan -quien está de visita varios días en México- porque, dijo, este organismo civil mantiene una reputación que habla por sí misma. En entrevista con La Jornada, advirtió que el mandatario estatal no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos y a las deficiencias en seguridad pública.

Dos días después de las declaraciones de Ruiz, la representante de AI tuvo su primera reunión con funcionarios de alto nivel de la administración calderonista, pero en Gobernación encontró una inquietud similar a la que escuchó en su visita a Oaxaca, respecto de la recopilación del material y pruebas que dan sustento a su informe sobre la problemática de esa entidad.

El secretario de Gobernación, precisó Khan en conferencia de prensa posterior al encuentro con funcionarios federales, nos preguntó acerca de nuestras fuentes de información; cómo habíamos elaborado nuestro informe de Oaxaca. Ante ello, le expliqué que AI tiene una metodología muy desarrollada para la publicación de sus reportes, no sólo sobre México, sino de todos los países del mundo.

Señaló que para el caso Oaxaca recibimos pruebas de individuos cuyos derechos han sido violados, de organizaciones no gubernamentales, de autoridades del estado y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es decir, fuentes diversas.

El secretario, agregó Khan a pregunta expresa, no "apoyó ni mencionó la declaración del gobernador" Ruiz. La credibilidad de AI habla por sí sola, desde 1961 hemos redactado muchos informes sobre México y ningún gobierno a escala estatal o federal ha declarado que (los informes) hayan sido escritos por otros. Me gustaría aclarar que son escritos por nuestros investigadores de Amnistía Internacional en Londres (sede del organismo).

"Hemos utilizado otro tipo de fuentes objetivas, como informes médicos dados por autoridades establecidas. Es decir, hemos documentado lo que se encuentra en ese informe", insistió.

Tras la primera reunión con Ramírez Acuña, Khan manifestó su preocupación por "la inhabilidad del Estado" para atender, de manera efectiva, las recomendaciones en materia de investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca.

"Le explicamos al secretario de Gobernación que es muy importante que se lleve a cabo una investigación imparcial de cómo las autoridades estatales están tratando de resolver las acusaciones criminales y de abusos a los derechos humanos. Esa es la única vía para garantizar la impartición de justicia", dijo.

Insistió en la necesidad de esclarecer los hechos en Oaxaca: tanto las "ofensas criminales (como incendio o portación de armas) por parte de los movimientos de protesta", como el abuso de autoridad de las corporaciones policiacas estatales y federales.

Al respecto, Rupert Knox, investigador de AI para México -uno de los responsables del reporte Oaxaca-, reiteró que es obligación del Estado mexicano realizar sus propias investigaciones y no esperar a que las víctimas presenten todas las pruebas.

"Cuando el Estado dice 'no vemos las denuncias a nivel Oaxaca' es porque no quiere verlas; están ahí. Eso es necesario para garantizar la impartición de justicia para todos. Entonces, si no existe esa imparcialidad, igualdad en el trato, entonces el Estado no está sirviendo a la población", dijo.

Tras el encuentro, integrantes de la comitiva de AI entrevistados por este diario calificaron la cita de "interesante", pero admitieron que no encontraron "respuesta plena" porque el gobierno debe emprender acciones que demuestren que existe un "compromiso real" para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos en aquella entidad.

Ramírez Acuña dijo a Khan que el gobierno federal atiende la problemática mediante la investigación de los homicidios de 2006 (cuyos expedientes fueron atraídos por la Procuraduría General de la República) y acatando las recomendaciones de la CNDH.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de la representante de AI, el funcionario no hizo alusión alguna a los comentarios del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de que los investigadores de AI son consejeros de la APPO.

Reconocemos, dijo Irene Khan, que las autoridades federales han atraído alguno de los casos de muertes que han ocurrido en Oaxaca; (aunque) esperamos que el gobierno federal encuentre la forma de discutir las fallas sistémicas respecto de cómo se administra la justicia en ese estado.

Entonces volvió a defender el trabajo que desde 1961 realiza esta organización. Es decir, antes de las declaraciones de Ulises Ruiz, los reportes nunca habían sido cuestionados de tal forma.

Ramírez Acuña recibió en su oficina a la representante de AI y sostuvo una conversación de casi una hora. Al encuentro acudieron la canciller Patricia Espinosa; Susan Lee, directora del Programa de América Latina; Rupert Knox y Liliana Velásquez, presidenta de este organismo, sección México.

En la reunión se discutió la propuesta del plan nacional de derechos humanos, así como la iniciativa de reforma al sistema judicial del gobierno calderonista; en especial lo que se refiere a intervenir en asuntos estatales cuando el caso lo amerite.

Por la noche, Gobernación emitió un comunicado en el cual señala que el gobierno ha atendido todas las recomendaciones que formuló la CNDH. Respecto de la APPO, Ramírez Acuña "le externó a la representante de AI que se han cumplido los compromisos contraídos en las mesas de negociación".

"El gobierno del presidente Felipe Calderón es reformador y transformador; trabaja en poner al día las instituciones para abatir rezagos y otorga especial atención al respeto de los derechos humanos", señaló el funcionario en el encuentro privado, según difundió Gobernación en un boletín.

Al respecto, AI recomendó la construcción de una estructura "fuerte y efectiva" de rendición de cuentas de las corporaciones policiales, y reconoció al gobierno mexicano como firmante de convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Esperan reportes sobre desaparecidos del EPR

Acerca de los dos desaparecidos (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez) que reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Rupert Knox dijo que han recibido, por parte de los familiares de los aludidos, una solicitud para intervenir, y será hasta que completen la recopilación de datos cuando se formen una opinión acerca del caso.

"Esperamos más información para tener un indicio más claro, (porque) actualmente no tenemos los elementos (necesarios)".