El jefe de la Unidad de Políticas de Ingresos sostiene encuentro con diputados
El gobierno no permitirá que se altere la naturaleza de la CETU: Hacienda
Priístas y perredistas demandan que se aclare cómo se financiarán programas sociales
Discuten legisladores la necesidad de analizar la constitucionalidad del nuevo impuesto
El gobierno federal será inflexible para que no se altere la naturaleza de la contribución empresarial a tasa única (CETU), sostuvo Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Políticas de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tras reunirse con funcionarios del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, refirió que no se pueden establecer impuestos que sean arbitrarios, "que consideren deducciones absurdas".
Pérez Porrúa rechazó que exista riesgo de aprobar una reforma fiscal que finalmente no sirva:
"El proyecto plantea que se requiere alcanzar una recaudación equivalente a tres puntos porcentuales del producto interno bruto, y las medidas que se han propuesto no recaudan esos tres puntos; si se le hacen ajustes, pues no vamos a llegar.
"Entonces, se tienen que tomar otras medidas que no sean impositivas para alcanzar el objetivo de sanear las finanzas públicas a lo largo de todo el sexenio. No es una necesidad inmediata, pero a lo largo de los próximo seis años se requiere sanear las finanzas públicas en tres puntos porcentuales. Si las propuestas que se han hecho en impuestos no cubren esa cifra, quiere decir que se tiene que actuar en otros campos, eficientar la misma recaudación y lo que no salga de ahí tendrá que venir de un manejo más eficiente del gasto público."
En tanto, las comisiones unidas de Seguridad Social, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública, Fortalecimiento al Federalismo y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados se reunieron con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para analizar la propuesta de reforma fiscal presentada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En el encuentro privado, los titulares de cada uno de esos órganos legislativos se pronunciaron por estudiar los efectos y ventajas de las nuevas tasas impositivas, como la CETU y el impuesto contra la informalidad (ICI).
Al dar cuenta de las propuestas de sus homólogos, el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, asumió que todas las propuestas de las comisiones serán analizadas y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas elaborará un análisis sobre los efectos negativos y positivos de los nuevos impuestos y de la distribución de recursos a los estados.
Miguel Angel Navarro, representante perredista y presidente de la Comisión de Seguridad Social, señaló la urgencia de modificar la propuesta del Ejecutivo federal en lo que se refiere al Consejo Nacional de Evaluación, con el propósito de establecer indicadores de impacto que incluyan la discusión de la protección social universal y que no generen políticas discriminatorias entre el sector formal y el informal.
Esto, dijo, porque actualmente 60 millones de mexicanos cuentan con seguridad social, pero sólo 17 millones reciben un beneficio directo, por lo que casi 45 millones están excluidos, y en el caso del Seguro Popular los resultados han sido magros e insatisfactorios.
Sobre el particular, el diputado del PRI Ismael Ordaz demandó que el Ejecutivo federal defina el destino de los recursos generados a raíz de la reforma y cuál será el monto de éstos a canalizar a programas sociales.
Sobre el particular, Alfredo Ríos Camarena, también de filiación priísta, urgió a la Cámara de Diputados a crear un órgano desconcentrado de control del gasto que sea una instancia de vigilancia, "porque no puede ser que el Ejecutivo maneje el gasto a su antojo".
En su turno, Tonatiuh Bravo, presidente de la Comisión de Educación Pública, criticó la nueva fórmula que propone la Secretaría de Hacienda para la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, porque de aceptarse generará desequilibrios y afectará a las entidades más pobres del país.
También Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza, demandó al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias analizar la constitucionalidad de la CETU y del ICI.
En este ámbito, el priísta Ríos Camarena adelantó que tras una revisión exhaustiva de las iniciativas de Calderón, "se infiere que pudiera haber problemas de inconstitucionalidad, más aún si se consideran algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".