Un empleado los hacía pasar por gastos de cuenta corriente, detalla indagatoria de PGR
Desde 2002, cada mes se desviaban hasta $4 millones de CFE
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene plenamente detectado que desde 2002 un ex empleado con cargo directivo en la unidad administrativa dependiente de la Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desviaba recursos públicos hacia cuentas privadas abiertas en diversas entidades del país, lo que le permitió hacerse de más de 60 bienes muebles e inmuebles.
Esta situación resultó en un fraude en perjuicio de la paraestatal que podría alcanzar los 300 millones de pesos y que implicaría la complicidad de al menos dos mandos medios de la CFE.
De acuerdo con fuentes judiciales cercanas al caso, en los últimos cinco años Alejandro Morales Méndez -quien tenía un cargo directivo en la unidad administrativa- coordinaba los pagos de nóminas y depósitos a proveedores.
Según consta en el expediente de la PGR, el inculpado, con el apoyo de algunos empleados de la CFE, concretó diversos depósitos bancarios en cuentas privadas, lo que le permitió adquirir en menos de cinco años unas 64 propiedades en toda la República.
Hasta el momento la PGR ha conseguido una orden de aprehensión contra Morales Méndez por ser el presunto cerebro financiero del fraude, y le ha incautado varias de sus propiedades, entre las que hay ranchos, casas, departamentos, vehículos de lujo, así como una residencia en construcción en Cancún, Quintana Roo.
La indagatoria refiere que este sujeto ya no labora en la CFE, pero fue él quien diseño el sistema electrónico denominado Mysap o R-3, mediante el cual cajeros de la paraestatal, con una clave de acceso única, realizan transacciones directas en coordinación con el banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) para cubrir los pagos a proveedores, así como las nóminas de los empleados.
Cada mes, desde 2002, se efectuaban operaciones de desvío de entre dos y cuatro millones de pesos, mismas que se hacían pasar como supuestos gastos de cuenta corriente.
Durante varios años pasó desapercibido el desvío del dinero incluso para los directivos del área, dos de los cuales fueron acusados por la PGR como presuntos cómplices de Morales Méndez.
Según las fuentes consultadas, la jueza federal Silvia Estrever Escamilla libró el pasado fin de semana 18 órdenes de aprehensión, y entre los inculpados se encontraría el subdirector de transmisión de la paraestatal, cuyo nombre no fue proporcionado.
Cinco órdenes cumplimentadas
Hasta el momento, la Agencia Federal de Investigación sólo ha cumplimentado cinco órdenes de aprehensión, mientras que Morales Méndez continúa prófugo de la justicia.
Ayer, durante una diligencia en el juzgado 13 de distrito con sede en el Reclusorio Sur se tomó la declaración preparatoria a los inculpados Diana Patricia Gutiérrez Molina, Julián García Aguado, Ismael Espinoza Reyes, María Elena Guerrero Escamilla y Clemente Valencia Terán, ex empleados de la paraestatal. Tres tenían acceso directo a las claves privadas del sistema Mysap.
Fuentes judiciales cercanas al caso revelaron que las pruebas de cargo contra los cajeros son "endebles", por lo que alguno de ellos podría salir en libertad al finalizar el plazo de término constitucional de 144 horas. Agregaron que los líderes de este presunto fraude aún permanecen prófugos de la justicia, como es el caso de Alejandro Morales, a quien un vigilante de la CFE lo vio entrar en esa paraestatal a las 21:30 horas del pasado 21 de junio, pese a que ya no labora ahí.
El próximo viernes la jueza Estrever resolverá la situación jurídica de los empleados, ya sea con auto de libertad o de formal prisión.
Hasta el momento se han detectado irregularidades por 182 millones 58 mil 49 pesos, aunque casi 100 cuentas bancarias y financieras relacionadas con los inculpados permanecen congeladas, y se prevé que el fraude supere los 280 millones de pesos.
Durante varios años la CFE no detectó los desvíos. Fue el 21 de junio pasado cuando María Elena Guerrero Escamilla, cajera de la unidad administrativa desde hace dos décadas, llegó a sus oficinas cerca de las 9 de la mañana y descubrió que horas antes su computadora había sido utilizada para concretar una transferencia irregular cercana a 6 millones de pesos en favor de particulares.
Después de denunciar los hechos, la CFE presentó la denuncia penal y al iniciar la investigación, la PGR concluyó que Guerrero Escamilla pasaba de ser testigo a probable responsable del fraude.