Juzgadores de amparo les dan tres días de plazo para acatar la resolución
Ordenan comparecer ante el juez a tres inculpados por robo de archivo minero
Si no acuden, perderán la suspensión provisional que les garantiza no ser aprehendidos
El ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal, Armando del Río Leal, así como la ex subdelegada de procedimientos especiales de la dependencia, Rosalía Lilián Espinoza Martínez, y Marta Contreras Delgado, agente del Ministerio Público Federal (MPF), deberán comparecer esta semana ante el juzgado quinto de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Oriente, o perderán la suspensión provisional que les garantiza, por el momento, no ser aprehendidos por su presunta responsabilidad en el robo de documentos oficiales.
Los juzgados cuarto y décimo de distrito concedieron a los inculpados amparos provisionales contra la orden de captura que libró en su contra la juez federal Olga Sánchez Contreras.
Sin embargo, los juzgados de amparo ordenaron a los quejosos que en un término de tres días hábiles comparezcan ante la autoridad judicial que los reclama como probables responsables del robo del archivo que contenía la toma de nota y las cinco actas con las firmas que llevaron a Elías Morales al liderazgo del sindicato minero, relevando a Napoleón Gómez Urrutia.
Para obtener las suspensiones, los inculpados garantizaron más de 4 mil pesos de fianza ante los juzgados de amparo.
A Del Río Leal, Espinoza Martínez y Contreras Rosales se les imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 214 fracción sexta del Código Penal Federal, que señala una pena de dos a siete años de prisión y multa de mil 560 pesos a 15 mil 600.
Las investigaciones de la sustracción de los documentos de la delegación metropolitana de la PGR en el Distrito Federal iniciaron el pasado 12 de abril. En un principio todo el personal que labora en esas instalaciones quedó sujeto a investigación.
Las pesquisas fueron realizadas por la visitaduría general de la PGR, por lo que se dio inicio a la averiguación previa 12/FECI/2007 contra quien resultara responsable.
El 13 de abril de 2007 la PGR emitió un comunicado para explicar que habían sido robadas la toma de nota de Elías Morales y cinco actas originales del sindicato minero que servían de prueba para demostrar que se falsificaron firmas que sirvieron para que Morales asumiera la dirigencia del gremio.