Lamentan que no incluya medidas para ampliar la base de contribuyentes

Expertos dan calificación de 5.2 a la propuesta fiscal de Felipe Calderón

Afirman que la aplicación de la CETU "es un buen esfuerzo inicial, aunque insuficiente"

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Convocado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, un grupo de 14 especialistas, entre ellos abogados fiscalistas, académicos y consultores del sector privado, calificaron con 5.2 puntos, en una escala de cero a 10, las siete iniciativas que integran el paquete de reforma fiscal que propuso el jefe del Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Esa calificación, explicaron, indica que la importancia de los puntos débiles de la propuesta prácticamente compensa los aspectos positivos.

Pero advirtieron que el paquete de iniciativas omite abordar dos temas fundamentales: "instrumentar una medida que permita ampliar la base de contribuyentes y poner en marcha acciones destinadas a mejorar la fiscalización que realizan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)".

En conferencia de prensa, en la que dieron a conocer los pormenores de su evaluación, informaron que el nuevo gravamen, denominado contribución empresarial a tasa única (CETU), fue calificado con 5.7 puntos.

"Se trata de un buen esfuerzo inicial, aunque claramente insuficiente, por aumentar la recaudación fiscal y erradicar vicios importantes, como la eliminación de facto de los regímenes especiales, que tradicionalmente no han sido gravados de manera equitativa, y la desaparición del impuesto al activo", señaló Enrique Cárdenas, quien fungió como coordinador del panel por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias.

Es una iniciativa "de avanzada"

Ricardo Samaniego, director del Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró que la reforma presupuestal del Presidente "es una propuesta de avanzada que debería ser aplaudida por todos los sectores, en especial por la izquierda, porque combate los privilegios y las prácticas elusivas".

Al referirse a la CETU, el académico afirmó que el nuevo gravamen es de avanzada, desde su diseño, porque permite la deducción de 100 por ciento de la inversión en activos, lo cual implica más capital que, conjugado con el trabajo, permitirá elevar la productividad con una perspectiva general a mediano y largo plazos. En términos de empleo, aseveró, la propuesta es "neutral" y combate la evasión fiscal, la cual, en México, evita que ingrese al erario público 27 por ciento del total recaudable, cantidad equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto.

Entre los aspectos positivos de la CETU, eje central de la propuesta de reforma fiscal, los especialistas consideraron que "su mérito principal es reducir los privilegios a algunos sectores y cerrar las oportunidades de prácticas evasivas, porque propone un régimen más estricto que el de hoy día". Calificaron de "ingeniosa" la propuesta de este impuesto "en cuanto a dar la vuelta al cabildeo de los sectores productivos, que hasta el momento han promovido sus intereses sobre el de la nación en su conjunto", y apuntaron que "es el primer paso en dirección a un nuevo sistema (tributario)".

Por el lado de los aspectos negativos de la CETU, los panelistas mencionan en su relatoría que los inconvenientes principales son básicamente dos. Uno, "que por razones políticas quienes no pagan en la actualidad seguirán sin hacerlo, 'más de lo mismo para los mismos'", y dos, "que el costo de cumplimiento se incrementará, porque el doble cálculo hará más complicado observar las obligaciones fiscales".

Hicieron notar el obstáculo que representa para la inversión extranjera la doble tributación, hasta que la aplicación de la CETU en México sea aceptada por otros países, principalmente Estados Unidos, y en general resaltaron que los costos de aplicar el nuevo impuesto "están subestimados" en la propuesta gubernamental y los beneficios, en particular el incremento en la recaudación, "muy sobrestimados".

Esto último es así, precisaron, "porque al omitirse mejoras de fiscalización, las debilidades de la administración tributaria reducirán el potencial recaudatorio de los cambios".

Eduardo Revilla, socio de Calvo, González, Luna, Moreno y Revilla, hizo énfasis en la falta de disposiciones de transición del impuesto sobre la renta (ISR) a la nueva CETU en la propuesta del Ejecutivo, planteamiento con el que coincidió José Luis Fernández, socio de Cebes, Ruiz, Zamarrita y Cía.

Algunas decisiones importantes de inversión están detenidas por este motivo, dijo Revilla, quien subrayó que el nuevo impuesto "tiene la bondad de cerrar huecos en el sistema de regímenes preferenciales, pero deja abiertos otros, como el de la enajenación de acciones dentro y fuera de la Bolsa de Valores, los pagos de intereses y el cobro de regalías".

El Centro de Estudios Espinosa Iglesias explicó que los especialistas se reunieron tres ocasiones, encuentros que duraron más de tres horas, y agregó que los comentarios y calificaciones de éstos se organizaron y compilaron en una minuta que fue revisada dos veces.

La idea central de quienes dieron calificaciones positivas, precisó, "es que la propuesta es un avance merecedor de crédito"; en tanto, quienes la calificaron de deficiente, "que no atiende los verdaderos problemas del país, dejaron de lado aspectos importantes, como el aumento de la base gravable y la confiabilidad del padrón de contribuyentes".

Los convocados fueron Fernando Calzada, ex secretario de Finanzas del gobierno de Tabasco; Mario Alfonso Cantú, ex administrador general de Auditoría Fiscal del SAT; Jorge Chávez Presa, consultor; Jorge Covarrubias Bravo, socio del Despacho Parás SC; Carlos Elizondo Mayer, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y Gerardo Esquivel Hernández, del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

También participaron José Luis Fernández, socio de Chávez, Ruiz, Zamarrita y Cía; Fausto Hernández, profesor e investigador del CIDE; Arturo Herrera Gutiérrez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; Pablo Mendoza García, socio de Impuestos Gossler SC; Eduardo Revilla, socio de Calvo, González Luna, Moreno y Revilla; Ricardo Samaniego, director del Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas del ITAM; Francisco Suárez Dávila, ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Alejandro Villagómez, secretario académico del CIDE.