Desestimadas, declaraciones de testigos de descargo
Sin pruebas contundentes, imputa la PGR a 2 personas homicidio de juez
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene claro por qué un rescatista de la Cruz Roja y un vendedor de autos habrían asesinado el 17 de agosto de 2006 al juez federal René Hilario Nieto Contreras, y aún sin un móvil de los hechos y sin contar con pruebas de cargo la fiscalía aseguró que ambos son los autores materiales de la ejecución, por lo que pidió procesarlos como presuntos responsables de homicidio calificado.
El pliego de acusación no parece sustentarse respecto al origen que pudo motivar a los inculpados a ejecutar al juzgador, y en la imputación sólo se afirma que la media filiación proporcionada por dos testigos indirectos y por la única sobreviviente de los hechos coincide parcialmente con la fisonomía de ambos.
Las investigaciones las realizó desde el día del asesinato una unidad de la SIEDO encargada de asuntos de terrorismo y acopio de armas, sin que la autoridad hubiera explicado al juzgado al que consignó la semana pasada a los inculpados, el sustento de la hipótesis que llevó a dirigir la investigación por el lado de posibles grupos armados o de traficantes de armas.
En las constancias del expediente que obran en la causa penal 38/2007 se aprecia que la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas tampoco menciona en su pliego acusatorio si los presuntos homicidas son sicarios al servicio de algún narcotraficante, secuestrador o grupo delincuencial, pese a que la principal línea de investigación de la PGR sobre el origen del crimen fue, en un inicio, una supuesta "acción de venganza" de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel del Golfo, actualmente preso en Estados Unidos.
La única conclusión a la que llegó la SIEDO, después de 11 meses de investigación, fue que el vendedor de autos facturó a nombre del rescatista de la Cruz Roja un vehículo Honda Accord 2003, en 2005.
La unidad particular efectivamente está a nombre de uno de los presuntos asesinos (el rescatista), pero el inculpado argumenta en su defensa que perdió su credencial de elector y, en todo caso, no tiene dinero para haber comprado un vehículo.
A su vez, el vendedor del coche afirma que quienes le pagaron por el vehículo en 2005 le ordenaron que saliera a nombre de un sujeto que nunca estuvo presente en la compraventa y del que sólo se entregó copia del documento de identificación expedido por el Instituto Federal Electoral.
De acuerdo con la SIEDO, los inculpados habrían utilizado ese automóvil el 17 de agosto de 2006 para trasladarse de Guadalajara a Toluca.
Ya en la capital mexiquense, esperaron a que el impartidor de justicia saliera de su oficina, lo siguieron unos metros, alinearon su vehículo con el del juez y aún en movimiento y con total precisión uno de ellos le disparó en nueve ocasiones con una pistola calibre nueve milímetros. La primera bala fue mortal, pues dio en la cabeza de la víctima.
Después abandonaron el automóvil Honda unas cuadras más adelante, tomaron un taxi que los llevó al aeropuerto de Toluca y ahí abordaron un vuelo comercial con rumbo desconocido.
Falta investigación sobre el móvil
Según consta en la indagatoria consultada por La Jornada, la autoridad investigadora no abundó sobre el móvil de los hechos. Nada se dijo al juzgado primero de distrito, que ahora lleva el caso, en torno a si ambos inculpados fueron contratados por un tercero para ultimar a Nieto Contreras o si ellos habrían sido los autores intelectuales y materiales del crimen.
En el inicio de sus pesquisas, la SIEDO contaba con indicios para considerar que el juez asesinado -quien apenas tenía dos meses como impartidor de justicia- tuvo algún altercado verbal en la rejilla de prácticas del juzgado cuarto de distrito con Osiel Cárdenas, cuando éste aún estaba preso en el penal federal del Altiplano.
Incluso, en la declaración ministerial de la secretaria de Nieto Contreras, Erika Navarrete Hernández -quien viajaba en el automóvil Toyota Matriz el día del asesinato, perpetrado entre las 15:30 y 16:30 horas del 17 de agosto pasado-, asegura que antes de la ejecución acudió al juzgado cuarto de distrito un sujeto que se identificó como familiar o conocido de Cárdenas Guillén, quien exigió entrevistarse con el impartidor de justicia para supuestamente darle un recado.
Posibles chivos expiatorios
La acusación de la PGR contrasta radicalmente con las pruebas de posible inocencia que han presentado varios testigos de descargo y fueron desestimadas primero por la SIEDO y luego por un secretario de acuerdos en funciones de juez que sujetó a proceso el pasado jueves a los indiciados.
José Antonio Vera Díaz, uno de los inculpados, tiene 20 años, radica en Guadalajara, Jalisco, y es voluntario de la Cruz Roja, donde estudió la carrera técnica en urgencias médicas.
No sabe manejar automóviles y por su "buena conducta" cuenta con cartas de recomendación firmadas, entre otros, por el arzobispo de esa ciudad, Juan Sandoval Iñiguez, y por el presidente de la sala auxiliar mixta del Poder Judicial en Jalisco.
El día del homicidio estuvo en la escuela de la Cruz Roja en Guadalajara. Además, documentales que demuestran su presencia en el colegio, como la lista de asistencia y copias de pagos de colegiatura, una de sus compañeras de clases, identificada como Anel López Lecuona, confirmó que vio en clases a Vera Díaz.
"El 17 de agosto de 2006 llegué como a las 16 horas a la escuela de la Cruz Roja (en Guadalajara) para tomar clases hasta las 19:15 de la noche; ese día asistió a clases José Antonio Vera Díaz; después de clases jugamos voleibol y luego me fui con él y otros compañeros a tomar el camión", refirió a las autoridades López Lecuona.
Documentos en favor de inculpado
Omar Santana Rodríguez, de 35 años, el otro presunto asesino, vende vehículos usados. El 17 de agosto de 2006 estuvo en Guadalajara festejando el cumpleaños de su hija.
Incluso, casi al mismo tiempo que el juzgador era ejecutado en Toluca, estado de México, Santana tuvo un percance automovilístico en Guadalajara, del cual hay registros documentales expedidos por la empresa AIG México Seguros Interamericana.
También tiene como prueba el estado de cuenta de una tarjeta de crédito con la que realizó pagos en varios establecimientos mercantiles de Guadalajara el día del homicidio en Toluca.
Pero aún mas: un vecino y un conocido suyo testificaron ante las autoridades judiciales que el día de los hechos vieron a Santana Rodríguez en su casa festejando los siete años de su hija.
De acuerdo con lo declarado por dos testigos y por la secretaria del juez asesinado, la media filiación de los asesinos no corresponde en su totalidad a la de los detenidos. Los testigos aseguraron que los presuntos responsables debían tener entre 30 y 35 años o más de edad. Vera Díaz tiene 20 años, mientras Santana es el único que supera los 30. Ambos están detenidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano a disposición del juzgado primero de distrito de Toluca.