El Senado aprobó un presupuesto de 3 mil mdd
Autorizan en EU recursos para reforzar la frontera
Juez de Pensilvania anula leyes que afectan a migrantes
HRW denuncia acoso a niños africanos en Islas Canarias
Washington, 26 de julio. El Senado de Estados Unidos aprobó hoy 3 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, en un intento por lograr que el presidente George W. Bush no vete el proyecto de Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, en el que incluyó la medida.
Al añadir 3 mil millones de dólares al proyecto de ley, el Senado le da al presidente una oportunidad de apoyar sus palabras con acciones y "hacer a Estados Unidos más seguro", afirmó Harry Ried, jefe de la mayoría demócrata.
"Los demócratas creemos que una seguridad fronteriza más fuerte es un paso importante hacia la reparación de nuestro roto sistema de inmigración, y continuaremos trabajando para implementar una reforma integral de inmigración", indicó.
El gobierno de Bush, por otro lado, analiza una regulación federal que busca proporcionar a las autoridades migratorias más poder para castigar a empresas que contraten indocumentados.
Acepta pastor que vendía visas
Sin embargo, el juez federal de Pensilvania James Munley sentó un precedente que podría favorecer a muchos inmigrantes indocumentados en todo el país, al anular leyes locales discriminatorias y contrarias a la Constitución en el poblado de Hazleton, en ese estado.
"La ley federal prohíbe a Hazleton aplicar cualquiera de las disposiciones de sus ordenanzas", dictaminó Munley. Las leyes promulgadas por el alcalde republicano, Lou Barletta, prohibían alquilar apartamentos a indocumentados e impedían que fuesen contratados por empresas.
En tanto, en una corte federal de Manhattan, el pastor Cameron Lloyd admitió su participación en una red delicitiva que recabó más de un millón de dólares mediante la venta de visas de trabajo en Estados Unidos, ofreciendo matrimonios falsos que el religioso "oficiaba", informó la fiscalía. En el caso están involucradas al menos 30 personas; el pastor enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión y una multa por 250 mil dólares.
En Madrid, Human Rights Watch (HRW) denunció que en los albergues de Islas Canarias, inmigrantes africanos menores de edad son acosados sexualmente y agredidos en cuanto pisan territorio español, por lo que pidió el "cierre inmediato" de estos centros de emergencia.
En un informe señaló que después de realizar "viajes peligrosos y a menudo traumáticos", los niños "permanecen en estos centros por periodos indefinidos, pero con frecuencia se enfrentan a condiciones de hacinamiento y otras problemáticas", como el abuso sexual.
Los niños contaron que son golpeados por personal de los albergues y no reciben protección cuando la violencia es ejercida por otros jóvenes, además de que no tienen acceso a la educación ni disponen de oportunidades de esparcimiento y su libertad de movimiento es restringida.
HRW instó a las autoridades a investigar las denuncias y dirimir la responsabilidad, así como a suministrar a los niños información sobre sus derechos.