Alvarez Icaza: es un duro golpe a ONG filantrópicas
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, criticó que la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo federal pretenda eliminar la deducción de impuestos de los donativos a instituciones de beneficencia pública.
En el contexto de la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Asistencia Privada, el ombudsman capitalino calificó esta situación de "grave", ya que inhibirá la colaboración entre la sociedad y las organizaciones civiles.
"Si esa iniciativa prospera sería un acto dinamitero a la reforma del Estado, porque de lo que se trata es de promover la participación de la sociedad civil, de quien atiende a los sectores de mayor riesgo, a quienes no tienen dinero para que les hagan una operación de los ojos, a los adultos mayores que no tienen asilo, a los niños quemados, a los hijos de los pepenadores, a madres que están en situación de riesgo y no pueden atender a sus hijos, a víctimas de violencia", explicó
En entrevista, luego de la firma del convenio, Alvarez Icaza señaló que el Estado mexicano debe fomentar ese trabajo y no limitarlo, por lo que se pronunció por que el Congreso de la Unión no deje pasar una iniciativa que afecte la deducibilidad de impuestos o la exención en apoyo al trabajo de la sociedad civil.
Durante el acto, al cual asistió la presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, María Elena Juárez Allende, Alvarez Icaza destacó que en la ciudad de México hay más hospitales y albergues mantenidos por la sociedad civil que por el gobierno. "Por eso es indispensable reconocer la labor de la junta de tejer el puente entre las instituciones públicas y la sociedad civil", subrayó.
Por otro lado, mencionó que cuatro de cada diez adultos mayores trabajan, pero en condiciones desfavorables, por lo que lamentó que la CDHDF sólo haya recibido 46 quejas relacionadas con este sector de la población en el primer semestre del año: 19 por actos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; nueve de la Secretaría de Salud, y cinco de las secretarías de Desarrollo Social y de Seguridad Pública.