Editorial
Las cuentas de la lechera
No queda clara la razón por la cual el gobierno mexicano anunció con bombo y platillo, ayer, el reparto entre dos dependencias -la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Salud (Ssa)- de los más de 205 millones de dólares hallados en marzo pasado en la residencia del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon: pudo ser para ensayar un nuevo golpe de efecto mediático, o bien para tratar de evitar que esos fondos sean reclamados, en todo o en parte, por dependencias estadunidenses, o para terminar de confundir a la opinión pública en torno de la situación jurídica y la ubicación precisa de ese dinero. Como quiera que haya sido, la nueva determinación es un paso adicional en el escandaloso desaseo con el que la actual administración ha manejado el caso del presunto delincuente, hoy detenido en Estados Unidos por un cargo menor de narcotráfico.
Hay que recordar que, desde un principio, las cifras ofrecidas al público por la PGR no concordaron con la evidencia fotográfica de las pilas de billetes, por lo que esa dependencia hubo de "ajustar", al alza, el monto del dinero decomisado. En días posteriores la misma institución afirmó que el dinero estaba depositado en una cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de ahí fue movido a Banjército, un buen día se informa que se encuentra depositado en la Reserva Federal de Estados Unidos y unas horas más tarde el gobierno afirma que el conjunto físico de billetes se ha dispersado en el sistema financiero internacional. Tales movimientos despiertan justificadas suspicacias, pues evocan los procedimientos empleados por la delincuencia organizada para lavar el dinero producto de sus fechorías; adicionalmente, resulta por demás cuestionable que la portentosa pila de papel moneda, que constituía una prueba inapreciable para una investigación criminológica, haya sido desperdigada con tal ligereza, en lo que no puede dejar de verse como un afán por borrar las huellas del dinero. Para rematar, ayer, en conferencia de prensa en Los Pinos, los titulares de la PGR, Eduardo Medina Mora, y de la Ssa, José Angel Córdova, junto con el procurador fiscal de la SHCP, Luis Mancera, anunciaron el reparto de los fondos entre las dos primeras dependencias, a sabiendas de que están por desarrollarse prácticamente todos los procedimientos judiciales para legalizar el ingreso de ese dinero en las arcas públicas y que hay reclamos pendientes por parte del sospechoso de narcotráfico y de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés). Ya desde abril el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunciaba que los recursos decomisados al empresario serían destinados a programas de tratamiento de adicciones. Tal precipitación podría sentar las bases de un revés amargo para el calderonismo si estas "cuentas de la lechera" son revertidas por un fallo judicial.
Pero el manejo de los dólares decomisados a Zhenli es sólo uno de los aspectos turbios de la administración pública que han sido puestos al descubierto en el curso de este episodio. Poco ha poco han ido emergiendo, además, indicios de irregularidades graves -por decir lo menos- en la Administración General de Aduanas de la SHCP, por haber permitido el paso de toneladas de seudoefedrina importada por el presunto narcotraficante cuando éste ya se encontraba prófugo; en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual concedió a Zhenli una carta de naturalización que fue entregada en propia mano del interesado por Vicente Fox, y en la Secretaría de Gobernación, que debió aprobar la concesión de la nacionalidad.
Si a ello se suma el punto de conflicto en la relación con Estados Unidos que ha introducido el caso Zhenli, puede apreciarse el panorama de descomposición súbita y precoz que el episodio ha generado en la presente administración, la cual da la impresión de no tener más consigna que salir del paso y sobrevivir a sus propias incongruencias y contradicciones, en lo que constituye una alarmante exhibición de falta de oficio gubernamental.