"Expertos" de Europa y EU asesoraron a instituciones y dictaduras de la región
Se ratifica el intercambio de inteligencia en Latinoamérica mucho antes de Cóndor
En Argentina, Paraguay y Uruguay operan actualmente espionajes del mismo tipo
Buenos Aires, 25 de julio. El espionaje político y los cruces de datos de inteligencia que realizó la cancillería de Brasil con sus pares de otros países de la región en 1965, reveladas por un medio de ese país, ratificaron lo que fue el accionar común de los organismos de seguridad de los países de América Latina.
El periódico Correio Brasilenze señaló que el intercambio de datos sucedía mucho antes del comienzo en Chile en 1975 de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.
Este tipo de intercambios del que participaron las instituciones de inteligencia de dictaduras y gobiernos de la región era un dato conocido y denunciado por activistas y organismos humanitarios de entonces porque los sistemas de seguridad fueron asesorados por "expertos" europeos y por Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.
Las fuerzas armadas, las policías, las gendarmerías y el Estado en forma centralizada tienen sus servicios de inteligencia propios. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) alimentó siempre esos listados, como relató el ex agente de esa institución Philip Agge a La Jornada en entrevista reciente, incluso vigilando a los refugiados políticos en todos los países de la región.
Aunque los intercambios de información, e incluso la entrega de personas de un país a otro, sucedieron antes de la Operación Cóndor, ésta se caracteriza como una acción de contrainsurgencia muy selectiva, con similitudes a la llamada Fénix, que desarrolló la CIA a partir de 1965 en el sudeste asiático.
Otro "modelo" fueron los asesinatos y atentados de comandos criminales de la llamada Guerra por los Caminos del Mundo, que protagonizaron desde esos años hasta mediados de los 80 (y aún después) los grupos cubanos de Miami, al servicio de la misma institución.
El espionaje político de aquellos años antes de la instalación de las dictaduras en el Cono Sur abarcaba a los sectores políticos, sindicales, estudiantiles, de la cultura y religiosos, y estos datos eran intercambiados ante cualquier consulta de un país a otro. Se hizo frecuente y común en el esquema de aplicación de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, en el que participaron las fuerzas armadas y los organismos de seguridad de todos los países latinoamericanos.
La novedad en estos tiempos es que aparentemente superado ese esquema, en Argentina, Paraguay y Uruguay se estén descubriendo informes que revelan espionaje sobre los mismos sectores del pasado, incluso después de lo que se avanzó en derechos humanos en el continente.
En los últimos días este periódico recogió la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), que presentó copias de informes de espionajes sobre organismos y personas, lo que además evidenciaba una colaboración entre servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay y Colombia.
Esto es investigado por la procuraduría y también por el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler ante la posible violación de la Ley de Seguridad Interior. Una de las sospechas cae en ese caso sobre el abogado Gustavo Modesto Demarchi, quien fue fiscal entre 1974 y 1976, acusado de colaborar con la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), y denunciado por ex detenidos políticos y sobrevivientes durante los juicios por la verdad que se realizaron en Mar del Plata.
El pasado 17 de julio el Grupo Guayubira de Uruguay envió un comunicado después que varios medios de comunicación uruguayos aludieron a una "vigilancia" sobre opositores locales a la instalación de la celulosa finlandesa Botnia.
En este caso se hizo referencia a que el grupo Guayubira, creado en 1997, para denunciar "el actual modelo forestal-celulósico que se viene implementando en el país" estaría bajo vigilancia por manifestarse "contra el funcionamiento de la planta de celulosa".
Otras denuncias señalan "las sucesivas agresiones" que sufren en Fray Bentos -donde se construye la papelera Botnia- los integrantes del grupo de protesta Movitdes "y la detención de productores de los departamentos de Soriano y Colonia por sus reclamos ante un proyecto agrícola que consideran destructivo para el país".
Pero hay otros casos que vinculan a ambos países en estos momentos como son las desaparición en Argentina de Jorge Julio López, testigo clave en una causa que juzgó y condenó a un ex policía responsable de crímenes de lesa humanidad a mediados del año pasado y la brutal golpiza del cabo retirado del ejército uruguayo Asunción Alegre, dos días antes de declarar en una causa por la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976, que se procesa en Uruguay.